El Día Nacional contra el Femicidio no es una fecha simbólica más. Es un recordatorio urgente de que en Chile la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas, pese a los avances normativos y discursivos. Esta conmemoración, instaurada en homenaje a Javiera Neira Oportus, y consagrada por la Ley 21.282, nos convoca a mirar más allá de las cifras y a comprender el femicidio como un problema social de carácter estructural.
Las estadísticas oficiales de 2025 confirman que la violencia letal y no letal continúa siendo una amenaza persistente. De acuerdo con datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, durante el presente año se han registrado 15 femicidios consumados, 98 femicidios frustrados y 14 tentados. Estos números, aunque puedan parecer menores en comparación con otros países, representan realidades profundamente graves que no admiten lecturas complacientes.
Cada femicidio —consumado o evitado— da cuenta de procesos prolongados de violencia, marcados por dinámicas de poder y control que se instalan de manera gradual. El femicidio no es un hecho imprevisible: es el desenlace extremo de relaciones donde se restringe la autonomía, se debilita la autoestima y se ejerce dominación mediante el miedo, la coerción psicológica, el control económico y la violencia física.
Estas prácticas no ocurren en el vacío. Se ven reforzadas por un entorno social que tiende a minimizar la violencia, a normalizar conductas abusivas y a interpretar agresiones reiteradas como conflictos privados, dificultando su detección temprana y su interrupción oportuna. A ello se suman falencias en la respuesta institucional, expresadas en demoras, falta de coordinación o medidas de protección insuficientes, que permiten que situaciones de riesgo conocidas escalen hasta consecuencias irreversibles.
Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades de Fenpruss sostenemos que combatir el femicidio exige ir más allá de la reacción posterior al daño. Requiere identificar tempranamente las señales de control coercitivo, fortalecer las capacidades preventivas del Estado y garantizar protección efectiva y continua para quienes viven violencia.
Como organización sindical del sector salud reafirmamos que la erradicación de esta violencia es una condición básica para la dignidad, la seguridad y la justicia social. No puede existir igualdad real mientras el control y el miedo sigan formando parte de la vida cotidiana de tantas mujeres.
Este 19 de diciembre hacemos un llamado a la sociedad y a los actores del sistema de justicia y protección a asumir un compromiso claro y sostenido: no tratar los femicidios como hechos aislados, fortalecer respuestas integrales desde las primeras manifestaciones de violencia y garantizar apoyo efectivo a las sobrevivientes y a quienes sostienen la respuesta comunitaria e institucional.
Poner fin al femicidio exige justicia para cada víctima, pero también la transformación de las condiciones sociales, culturales y políticas que permiten que estas violencias persistan.
Porque vivir sin violencia no es un privilegio: es un derecho.
