El sistema de salud chileno enfrenta un momento crítico. Durante los últimos tres años, el debate político en torno a la salud se ha centrado exclusivamente en las Isapres, priorizando su estabilidad económica a través de la Ley Corta y el diseño de cómodos mecanismos para la devolución de los cobros excesivos. Sin embargo, este enfoque parcial ha dejado en segundo plano los problemas estructurales más graves del sistema de salud: la deuda hospitalaria, el desgaste del personal sanitario post pandemia, las listas de espera, el alto gasto de bolsillo y la fragmentación entre los sistemas público y privado.

La reforma a las Isapres, aunque necesaria, no aborda las necesidades profundas de un sistema que quedó expuesto en toda su fragilidad tras el fin de la emergencia sanitaria.

A todo este crítico escenario, se suma el decreto que fijó una reducción presupuestal de más de $15 mil millones de pesos al sistema público de salud. Esto incluye a todos los principales recintos del país, incluyendo al Hospital Carlos Van Buren, que fue protagonista de la crisis presupuestaria que dejó sin recursos a la institución para su correcto funcionamiento meses antes de finalizar el año.

En ese sentido, el 2024 representó lo que podría describirse como un aterrizaje forzoso en la era post pandemia. Durante la crisis sanitaria, el sistema público de salud contó con incentivos políticos y económicos para responder a las demandas inmediatas de la población. Ahora, sin ese respaldo extraordinario, el sistema debe enfrentar una demanda acumulada y diversa, incluyendo problemas de salud postergados, con los mismos recursos insuficientes y estructuralmente mal distribuidos.

Un claro ejemplo de estos problemas postergados es el alarmante aumento del cáncer, particularmente en personas menores de 50 años, con un aumento considerable de los casos a nivel mundial. En Chile, esta tendencia también es preocupante. Este tipo de patologías, cuyo diagnóstico y tratamiento dependen de una infraestructura hospitalaria moderna y un acceso oportuno a servicios especializados, enfrenta retrasos debido a las listas de espera y la insuficiencia de equipamiento en hospitales públicos.

La falta de un enfoque preventivo y una adecuada capacidad de resolución no solo agravan el pronóstico de los pacientes, sino que también aumentan los costos del tratamiento a largo plazo, afectando tanto al sistema público como a los propios pacientes, que deben asumir un alto gasto de bolsillo. Esto evidencia la necesidad urgente de fortalecer el sistema público para enfrentar esta crisis sanitaria silenciosa y sostenida, que no puede seguir siendo ignorada.

En todo el mundo observamos cómo los sistemas que no son capaces de proveer atención pública y oportuna hacen crisis en todo el mundo. En México, por ejemplo, la dependencia de seguros médicos privados debido a las deficiencias del sistema público ha llevado a abusos en los precios y prácticas discriminatorias, mientras que la falta de regulación y supervisión agrava las desigualdades.

En Europa, las reformas al sistema de salud han enfrentado la complejidad de coordinar servicios fragmentados, lo que ha generado ineficiencias tanto en la atención primaria como en los servicios especializados. En Colombia, la falta de consenso político ha dejado en el limbo una reforma largamente discutida, perpetuando la incertidumbre y las inequidades en el acceso a la salud. Estas experiencias reflejan que los problemas estructurales no desaparecen con el tiempo, sino que se profundizan, afectando tanto la sostenibilidad financiera como la capacidad de respuesta de los sistemas de salud.

Un ejemplo paradigmático de las consecuencias de no abordar reformas estructurales es el caso del National Health Service (NHS) del Reino Unido. Durante el periodo conservador, la falta de inversión, los recortes presupuestarios y la incapacidad de adaptar el sistema a las nuevas necesidades llevaron al NHS a un estado crítico. Las listas de espera alcanzaron niveles alarmantes, el personal de salud sufrió un desgaste significativo y la satisfacción de los pacientes disminuyó drásticamente. Este caso es una advertencia clara para Chile: ignorar los problemas estructurales de nuestro sistema de salud no solo perpetúa las inequidades, sino que también pone en riesgo su sostenibilidad y capacidad de respuesta.

En este contexto, el reciente recorte presupuestario del sistema puede ser un golpe letal a la red pública en su misión de entregar adecuada cobertura a la población. Un menor presupuesto no genera un escenario donde sea posible crear mejores procesos de gestión.

Para evitar este escenario, es fundamental que la discusión en torno al sistema de salud chileno trascienda el debate sobre las Isapres y se enfoque en prioridades más amplias y estructurales. En primer lugar, es urgente fortalecer los hospitales públicos, que actualmente enfrentan una deuda acumulada y problemas profundos de infraestructura. Esta deuda, vinculada a la falta de renovación de equipamiento y mobiliario clínico, limita gravemente la capacidad de atención y agrava las listas de espera. Además, no existen mecanismos automáticos de reposición, lo que obliga a los hospitales a depender de procesos de priorización poco transparentes que dificultan la planificación a largo plazo. Esto se verá agudizado de cara a la reducción presupuestaria.

En segundo lugar, es indispensable atender las necesidades del personal de salud, cuya carga laboral y desgaste emocional alcanzaron niveles críticos durante la pandemia. A pesar de ser el pilar fundamental del sistema, los trabajadores de la salud siguen enfrentando condiciones laborales precarias, bajos salarios y una falta de acceso adecuado a servicios de apoyo en salud mental. Mejorar estas condiciones no solo es una cuestión de justicia laboral, sino también una estrategia clave para garantizar la sostenibilidad del sistema en el tiempo, combatiendo el ausentismo y la deserción.

Finalmente, es esencial avanzar hacia un modelo de financiamiento más equitativo y eficiente. Esto implica fortalecer Fonasa como el seguro principal del país, implementar mecanismos de compra de servicios basados en indicadores sanitarios y garantizando que los recursos se destinen prioritariamente a la atención primaria, que es la base de cualquier sistema de salud robusto.

También es necesario reevaluar la fragmentación del financiamiento que generan leyes específicas para ciertas patologías, como la Ley TEA, que priorizan enfermedades puntuales pero descuidan la necesidad de un financiamiento base suficiente para el conjunto del sistema.

El aterrizaje forzoso en la era post pandemia ha dejado en evidencia la urgencia de reformas estructurales para garantizar un sistema de salud inclusivo, sostenible y basado en principios de solidaridad y universalidad. Para lograr esto, es crucial aumentar la participación de los actores sociales en la formulación de políticas públicas. Las y los trabajadores de la salud, las agrupaciones de pacientes y los colegios profesionales deben tener un rol activo en el diseño de las reformas, asegurando que éstas respondan a las necesidades reales de la población y no a intereses sectoriales. La fórmula de generar comités de expertos para la formulación de propuestas de reforma parece estar agotada.

Chile tiene la oportunidad de aprender de las experiencias internacionales y evitar los errores del pasado. Es el momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro, avanzando hacia un sistema de salud que garantice atención de calidad para todas y todos. En ese sentido, la señal entregada por el recorte presupuestario es de una preocupación máxima para el sector sanitario.

Como Fenpruss reafirmamos nuestro compromiso de trabajar por un sistema digno y accesible, pero reiteramos que esto solo será posible si el Congreso y los actores políticos asumen con seriedad la necesidad de una reforma estructural.