Las y los profesionales de la salud agrupados en la Fenpruss hemos discutido hace varios años y en diversas instancias, tanto con socias y socios, como en asambleas nacionales entre las y los dirigentes del país, la necesidad de disminuir la jornada laboral, lo que fue planteado en su momento a las autoridades. La idea quedó plasmada en nuestra propuesta de nuevo modelo de carrera profesional, que, entre otras, propone la reducción de las horas de trabajo semanales.

Esta medida la propusimos considerando que la salud pública de Chile debiera apuntar a recuperar buenas prácticas y políticas laborales que se orienten a “cuidar al cuidador”. Las extensas jornadas laborales, las complejas condiciones que nuestro sistema de salud dispone para desarrollar nuestra labor, las precarias instalaciones y la falta de recursos para la atención de la ciudadanía, entre otras variables, nos llaman, una vez más, a poner este tema en la discusión.

Consideramos que las y los funcionarios de la salud deberían volver a tener una jornada sustantivamente menor, tal como fue hasta el año 1974 cuando se exigían 33 horas, entendiendo esto como una necesidad de las y los trabajadores que dedican toda una vida a proteger, sanar y recuperar la salud de nuestras comunidades. Esta propuesta se sustenta en distintos estudios y escritos que señalan lo estresante y desgastante que puede llegar a ser la atención de salud no solo en Chile, sino en el mundo entero.

Por lo mismo es que hoy es que aplaudimos y nos sumamos con convicción a la iniciativa legal que lleva adelante un grupo de parlamentarias y parlamentarios para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Si bien esta medida se plantea para el sector privado debido a las restricciones constitucionales del Poder Legislativo, creemos, y así lo vamos a representar,  que debiera incorporarse al sector público también, por cuanto la calidad de atención en los distintos ámbitos de la vida de las personas en Chile está ligada a los servicios públicos.

Estamos convencidos que esta y otras iniciativas deben apuntar a tener mejores condiciones laborales para quienes se encargan de entregar estos servicios, velando por el bienestar de las y los funcionarios que se traduce, de manera directa, en una mejor calidad de atención para las personas. En este caso, será una vez más el Ejecutivo quien tendrá la última palabra.