La situación política actual del sistema de salud de Chile es de incertidumbre. Con el triunfo de la opción Rechazo en el reciente plebiscito de salida del proceso constituyente, se mantiene el esquema actual del sistema y los problemas derivados del mismo. Todo esto en un contexto en el cual las Isapres han declarado encontrarse en una situación financiera compleja, incluso llegando a declarar que está en duda la solvencia del sistema.

La Superintendencia de Salud definió esta semana que el máximo monto de subida de los planes que pueden realizar las Isapres es del 7,6%, cifra que es inferior a la variación de costos operacionales que reportaron Colmena y Más Vida.  A pesar de esta medida, la judicialización de las alzas de los planes por parte de los afiliados y la buena acogida que ha tenido por parte de la Corte Suprema el congelamiento de las alzas, mantiene la incertidumbre.

Dese la asociación de Isapres declararon al medio La Tercera: “con su decisión, la Superintendencia de Salud socava el ya deteriorado funcionamiento del sistema y eleva la incertidumbre sobre su viabilidad, al impedir que las Isapres apliquen el reajuste necesario para mantener sus operaciones”.

Por otro lado, desde Fonasa se ha declarado la voluntad de avanzar en una reforma que permita crear un Fondo Único de Salud que introduzca elementos de solidaridad y universalidad al sistema, logrando transitar hacia una real seguridad social en salud. El Fondo Único reuniría las cotizaciones del 7% en un solo fondo donde se sumen los aportes del Estado con la finalidad de financiar de manera solidaria las prestaciones de salud de la población, dejando a las Isapres fuera de la seguridad social y como seguros complementarios. La reforma no tiene fecha, pero se enmarca en una serie de medidas -como la universalización de la Atención Primaria- que tiene por objetivo avanzar hacia la construcción de un Seguro Único en Salud.

Tomando en consideración este contexto, parece relevante poder situar los horizontes de transformación del sistema en torno a dos elementos principales: Resolver los problemas estructurales del sistema y considerar las preferencias de la población.

Respecto a los problemas estructurales, el elevado gasto “de bolsillo” que destinan las personas para cubrir sus gastos en salud que no cubre su seguro (Fonasa o Isapre) es un problema esencial. Este alcanza un 32.2% del total de gasto en salud en comparación al 19% promedio de los países miembros de la OCDE. Este elevado gasto de bolsillo impacta principalmente a la población de menores ingresos, que tiene menos posibilidades de costear un seguro complementario u optar a una cobertura financiera. Un porcentaje principal de este gasto es destinado a fármacos o exámenes médicos.

Un segundo problema relevante a mencionar es el bajo nivel de solidaridad y equidad que posee el sistema, generando una profunda e histórica segregación que terminó por inculcar en las personas la sensación de que existe una salud para pobres y otra para ricos. El fundamento de este problema se encuentra en la segregación del seguro de salud entre Fonasa e Isapres, donde estas últimas realizan un cobro estratificado por riesgo, lo cual se aleja de la seguridad social.

Finalmente, otro elemento central tiene relación con el profundo desfinanciamiento del sector público, el cual redunda en limitaciones profundas para responder a los requerimientos de sus afiliados. Las diferencias presupuestarias entre el sector público y privado generan importantes distorsiones en el sistema que conducen a inequidades. Por ejemplo, la mayor parte de las horas médicas se concentran en el sector privado de salud, mientras el sector público cuenta con menos de un 50% de las horas para atender a un 78% de la población.

Tomando en consideración las preferencias de la población, una reciente iniciativa auspiciada por el Congreso Nacional llamado “Lxs 400” generó un proceso deliberativo donde reunió a 400 personas de todo el país para poder conocer su opinión sobre las reformas al sistema de salud en Chile. En sus informe de las principales conclusiones en salud, destaca que un 94% está de acuerdo con incluir el derecho a la salud en la nueva Constitución, un 80% quiere una reforma estructural que reemplace el actual Sistema de Salud por uno de Seguro Universal para todas las personas, con un Fondo Único, dejando a las Isapres como una alternativa complementaria; y un 74%  quiere que los aumentos del presupuesto de salud prioricen la atención primaria por sobre otros ámbitos.

Los dos elementos anteriormente mencionados dan luces para dar los primeros pasos hacia una reforma del sistema de salud que se sea concordante con el horizonte estratégico del Gobierno de alcanzar un Seguro Único en Salud con Fondo Solidario que incorpore la Seguridad Social al Sistema.

Un primer paso es la generación de un Plan Universal de Salud que sea independiente del nivel de ingreso de las personas o el tipo de seguro (Fonasa o Isapre), y que sea garantizado por ley a la población. La comisión presidencial para la reforma del sistema de salud creada el 2010 planteó esta medida como prioritaria. Su financiamiento se podría lograr a través del Fondo Único de Salud que se propone desde el Gobierno, y debería comenzar por la cobertura total del gasto de medicamentos, exámenes preventivos y Atención Primaria en general.

Para alcanzar esto es necesario introducir regulaciones al mercado de fármacos, como la fijación de precios máximos y mínimos, y la generación de un laboratorio de carácter estatal que funcione como un agente de regulación del mercado.

La creación de un Plan Garantizado Universal debe enmarcarse dentro de los pasos a seguir para una reforma que tenga como horizonte la creación de un sistema de seguridad social, teniendo como centro la construcción de Seguro Único. Esto es relevante, porque de caso contrario se corre el riesgo de terminar con una reforma parcial que no soluciones los problemas de largo plazo de la población.

Junto con lo anterior, es fundamental hacer crecer la capacidad del sistema público de salud. Un primer paso para esto es mantener el crecimiento de la capacidad instalada durante la pandemia, permitiendo la expansión de servicios. Solamente el fortalecimiento de la red pública permitirá que el Estado ejerza una real rectoría sobre el sistema de salud y se garantice atención gratuita y de calidad sin discriminaciones.