Los grandes temas nacionales a menudo desaparecen rápidamente de las portadas de los medios y son olvidados en cuestión de semanas. Parece que los tiempos en los que la pandemia expuso las profundas desigualdades de nuestro país y sus impactos en los índices de contagio por comunas han quedado en el olvido. Incluso la mediática crisis de las Isapres no ha sido suficiente para poner en el centro del debate nacional la necesidad de un acuerdo político que promueva una reforma integral del sistema de salud.

Las coyunturas mediáticas no son el espacio adecuado para buscar soluciones a los problemas estructurales que persisten en nuestro país y generan una división en la atención de salud: una para los pobres y otra para los ricos. Esta problemática se agrava aún más con la insolvencia financiera de las Isapres, resultado de sus propios excesos.

El sistema de las Isapres es una rareza en el contexto internacional. Se les permite discriminar según ingresos, sexo, edad y condiciones de salud; y realizan pocas actividades preventivas debido a la falta de incentivos y mecanismos de control de costos.

El reciente fallo de la Corte Suprema busca regular un problema histórico del sistema de Isapres que hasta ahora no ha encontrado una solución política, a pesar de los informes de dos comisiones presidenciales que propusieron reformas profundas al sistema de salud.

La propuesta de reforma presentada por el actual Gobierno es un paso en la dirección correcta, pero no representa una solución integral al problema. Necesitamos una reforma profunda en el financiamiento del sistema de salud, que comience con la creación de un fondo de solidaridad universal. Este fondo permitiría una distribución equitativa del riesgo entre la población y garantizaría que la asistencia en salud no esté condicionada por la capacidad de pago de las personas.

La redistribución del riesgo se basa en el principio de solidaridad. Todos los miembros de nuestra sociedad deben contribuir de manera justa al sistema de salud. Aquellos con mayores recursos deben aportar más para asegurar que todos tengan acceso a los servicios de salud necesarios, independientemente de su capacidad económica. Actualmente, este principio solo se aplica de manera efectiva en el seguro público Fonasa, mientras que las Isapres evaden sistemáticamente su responsabilidad de distribuir solidariamente el riesgo de su población. Durante años han utilizado tablas de factores para seleccionar a sus afiliados, incentivando la retención de personas jóvenes, sanas y del sexo masculino, y excluyendo a mujeres en edad fértil o personas mayores con enfermedades, quienes, ante el aumento de los planes de salud, se ven obligadas a abandonar las Isapres para unirse a Fonasa.

Existe un amplio consenso en el ámbito de la salud sobre la necesidad de establecer un fondo universal que reciba todas las contribuciones en salud, tanto las cotizaciones individuales como los impuestos generales y específicos. A partir de este punto en común, debemos iniciar una discusión integral para rediseñar nuestro sistema de salud.

Este es un tema central para nuestro sistema político y no puede seguir siendo postergado. Desde las organizaciones de trabajadores/as de la salud, así como todo el mundo social que se vincula con nuestro sistema sanitario, continuaremos impulsando un cambio cultural que valore la salud como un derecho fundamental y destaque la importancia de la solidaridad para lograr un nivel mínimo de bienestar para toda nuestra población.