«La pandemia de COVID-19 ha dejado profundas consecuencias en la salud mental de los trabajadores de la salud a nivel mundial. La consecuencia de un estrés crónico, cargas de trabajo excesivas y el trauma de atender a pacientes gravemente enfermos ha conducido hacia un aumento significativo en trastornos como ansiedad, depresión y burnout. Según la OMS, la prevalencia de trastornos mentales en este grupo ha aumentado considerablemente en el último año. Ante esta crisis, la organización internacional recomienda invertir en programas de apoyo psicológico, fomentar la creación de entornos laborales más saludables, y promover la resiliencia entre los trabajadores de la salud. Es fundamental reconocer y abordar las necesidades específicas de este sector para garantizar su bienestar y asegurar la continuidad de los servicios de salud». Estas palabras de Cristian González, asesor en salud pública de Fenpruss, resuenan hoy más que nunca en el contexto de un sistema público de salud chileno que enfrenta desafíos críticos en materia de salud mental.
En Chile las cifras no dejan lugar a dudas: según estudios recientes, más del 40% de los trabajadores de la salud pública manifiestan haber experimentado síntomas de ansiedad y agotamiento en el último año. La violencia en los puestos de trabajo, un fenómeno cada vez más común, ha incrementado los niveles de estrés, y la inseguridad en los centros asistenciales está generando un ambiente insostenible para muchos profesionales. A esto se suma el alto índice de ausentismo laboral, consecuencia directa del deterioro de la salud mental y física de los equipos de trabajo, lo que a su vez afecta la calidad del servicio y la continuidad del cuidado de los usuarios.
Sin embargo, en medio de esta crisis, también surgen oportunidades que debemos aprovechar. La Ley Karin, recientemente aprobada, representa un avance significativo para enfrentar el deterioro de la salud mental de las y los trabajadores de la salud. Esta ley obliga a los empleadores a adoptar medidas concretas para mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo y garantizar el bienestar psicosocial de sus empleados.
Desde Fenpruss hemos luchado incansablemente para que la salud mental sea considerada una prioridad en la agenda pública, y la Ley Karin es un paso en esa dirección, aunque todavía quede mucho por hacer para su implementación efectiva junto al pleno cumplimiento del Convenio 190 de la OIT en Chile.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), en su llamado de este año, recalca la urgencia de «priorizar la salud mental en el lugar de trabajo». Subraya la importancia de crear ambientes laborales que favorezcan el bienestar emocional y la resiliencia de las y los trabajadores. A nivel global, la OPS ha identificado el trabajo excesivo, la falta de apoyo institucional y la presión constante como factores que contribuyen al desgaste mental. En el caso de los trabajadores de la salud, estos factores se ven agravados por la responsabilidad de cuidar vidas, un peso que no puede sobrellevarse correctamente sin un apoyo adecuado.
Para la Fenpruss el desafío es claro: continuar luchando por conseguir mejores condiciones laborales, no solo a nivel de seguridad física, sino también mental. Estamos comprometidos en representar la problemática de la salud mental de las y los trabajadores de la salud en todos los espacios de deliberación política.
A través de nuestra Secretaría de Igualdad, desde Fenpruss estamos trabajando arduamente para que la voz de las y los trabajadores sea escuchada y que las políticas públicas contengan distinciones claras que aborden las condiciones particulares que afectan la salud mental en el sector. No basta con reconocer los problemas, es necesario que el Estado asuma un compromiso real, con políticas públicas integrales que promuevan ambientes laborales sanos y seguros.
Fenpruss seguirá exigiendo que se priorice la salud mental, entendiendo que el bienestar de las y los trabajadores es fundamental para garantizar un sistema de salud público robusto y de calidad.
