Durante la tarde de este miércoles 16 de octubre, se dio por zanjada una de las situaciones más complejas que hemos observado en materia de administración de justicia por parte de los órganos del Estado. Lo sucedido en el Senado con la acusación constitucional hacia los jueces Ángela Vivanco y Sergio Muñoz se demuestra como una jugada política de parte de los sectores conservadores quienes, usando como excusa las evidentes faltas cometidas por Vivanco, aprovecharon  para “deshacerse” de un magistrado incómodo para los grandes intereses de este país.

Ante los argumentos esgrimidos por distintos senadores para votar a favor de la acusación constitucional contra el juez Sergio Muñoz, es necesario revisar quién es esta persona:

Muñoz es un juez de la Corte Suprema que se desempeñó por más de 20 años en dicha institución. Durante su carrera tuvo a cargo la investigación por el crimen del sindicalista Tucapel Jiménez ocurrido en dictadura, así como también la indagación de las cuentas del dictador Augusto Pinochet en el extranjero, demostrando el enriquecimiento ilícito a estas alturas conocido por el país y el mundo. También tuvo una actuación clave para dilucidar los casos de políticos vinculados al escándalo de explotación sexual infantil del caso Spiniak.

Un hecho llamativo fue que, en su propio nombramiento en la Corte Suprema por parte del entonces Presidente Ricardo Lagos, el hoy conocido abogado Luis Hermosilla -entonces defensor de Claudio Spiniak y hoy involucrado en la amplia trama de corrupción que incluye a la jueza Ángela Vivanco- intentó impedir su llegada al máximo tribunal, presentando un recurso de amparo profesional, lo que finalmente no prosperó.

Desde 2013 fue elegido por sus pares como presidente de la Corte Suprema, cargo que desempeñó hasta el pasado 16 de octubre. En ese rol protagonizó un enfrentamiento con el Tribunal Constitucional en el llamado “choque de trenes”, y además, dentro de sus casos emblemáticos, destacan los fallos en contra de las Isapres por los cobros excesivos hacia los usuarios, que abrieron paso a la ley corta recientemente aprobada. También tuvo un rol protagónico en la paralización de la central termoeléctrica Castilla.

En lo que a nosotros como profesionales de la salud respecta, Muñoz es el impulsor de uno de los elementos que, dentro de la inestabilidad de los trabajadores del sector, nos ha permitido proteger de manera permanente los derechos laborales frente a autoridades locales: la “legítima confianza”. Un concepto jurídico que no es más que exigir a la autoridad una fundamentación adecuada y un camino racional de las decisiones que toma y que afectan a los trabajadores y sus vidas.

Al juez Muñoz se le juzgó “políticamente” con dos acusaciones. Una es no haber denunciado a su hija por trabajar desde el extranjero, situación sobre la que la Corte de Apelaciones ya había fallado con bastante anticipación absolviendo no solo a la hija, sino también a otra jueza en condiciones similares. En segundo lugar, se le juzgó por una “deducción” hecha por una testigo que habría oído elementos respecto de un fallo del juez que afectó a una inmobiliaria.

En este marco creemos que los senadores que votaron favorablemente a la acusación:1.- Usaron suposiciones como argumentos comprobados.

2.- A partir de esas suposiciones se emitieron juicios no probados para fundamentar la votación de los 27 senadores que aprobaron la acusación^[1] y que echan por tierra no solo el principio de debido proceso sino que, además, el de inhabilitarse frente a conflictos de interés^[2].

A modo de ejemplo; Iván Moreira debió inhabilitarse dado que fue el propio Muñoz quien, en 2017, con su voto dirimente, ratificó su desafuero, suspendiéndolo por 8 meses de sus labores en el marco del caso Penta. Carlos Bianchi, diputado y padre del senador Karim Bianchi^[3], fue desaforado con voto favorable de Muñoz en 2015, a propósito de una investigación por negociación incompatible y fraude al fisco producto del arriendo como sede parlamentaria de un inmueble a su propia suegra. Karim tuvo el mismo comportamiento en 2022, pero esta vez con el juez que formalizó a su padre en 2015, en la misma causa de negociación incompatible y fraude al fisco, cuando este último fue nombrado jefe provisional del ministerio público^[4].

Nos preocupa el daño irremediable al Estado de Derecho que esta acción del Senado puede significar, toda vez que, al parecer, los jueces venideros deberán cuidar muy bien sus fallos y afectaciones a los poderosos si no quieren ver sus carreras truncadas por suposiciones convertidas en acusaciones constitucionales.

La misma preocupación nos nace respecto de los procesos sancionatorios en el sector público, los cuales hemos mejorado de manera permanente en sus estándares probatorios, procurando de tener a la vista hechos comprobados y no suposiciones para sancionar. Si el Senado se permite estos gustos, ¿Qué queda para el resto del aparato público? ¿Qué estándares usaremos?

La riesgosa ventana que se ha abierto para usar mecanismos de administración de justicia como pasadas de cuentas es destructiva para nuestro país. Esperemos que la ciudadanía tenga esto en cuenta cuando elija a sus representantes durante el ciclo electoral del 2025.

^[1] https://www.emol.com/noticias/Nacional/2024/10/16/1145698/votacion-senado-ac-sergio-munoz.html

^[2] https://www.elciudadano.com/chile/ivan-moreira-y-karim-bianchi-los-conflictos-de-intereses-de-los-senadores-que-sellaron-la-destitucion-del-juez-munoz/10/17/

^[3]  https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2024/10/16/en-el-nombre-del-padre-cuestionan-voto-del-senador-bianchi-que-sello-destitucion-de-juez-munoz/

^[4] https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2022/12/22/senador-bianchi-arremete-contra-fiscal-juan-agustin-melendez-quien-formalizo-a-su-padre-carlos-bianchi/