En los últimos años las denuncias de violencia sexual en el ámbito político han tomado un protagonismo alarmante. Cada vez más voces se levantan para señalar abusos perpetrados por aquellos que, en teoría, deberían ser defensores de los derechos y la dignidad de las personas. Estos casos, que a menudo se silencian o minimizan, son reflejo de un sistema que permite la impunidad y perpetúa el miedo entre las víctimas.
El tema ha vuelto a la palestra pública a raíz de la acusación por violación en contra del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ésta y otras denuncias recientes han expuesto un patrón sistemático de comportamiento abusivo que trasciende partidos y países. En este marco, la lucha por la justicia no solo es un acto de valentía por parte de las víctimas, sino también una llamada de atención para la sociedad en su conjunto. Por lo mismo, es fundamental que estas denuncias se tomen en serio y se creen espacios seguros para que las víctimas puedan hablar sin temor a represalias.
El impacto de estos abusos va más allá del sufrimiento individual, pues erosiona la confianza en las instituciones y socava la democracia. Cuando los representantes del pueblo son señalados por actos tan graves, se requiere una respuesta inmediata y contundente por parte de la justicia y de la sociedad civil. La indiferencia solo perpetúa el ciclo de violencia y abuso.
La responsabilidad recae no solo en los políticos implicados, sino también en aquellos que los rodean: colegas, partidos, y la sociedad en general. El uso indiscriminado de información de la persona denunciante, así como los detalles de la investigación publicados por los medios, vulneran los principios básicos que deberían contener estos casos, como lo son la confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género.
El manejo que se ha hecho por parte de medios y distintos sectores políticos no solo expone a la persona denunciante, sino que además colabora a la revictimización de ésta, generando daños sociales que podrían perpetuarse por toda la vida.
Instamos a los medios de comunicación a abordar estos temas con la seriedad que merecen, evitando la frivolización de las denuncias y respetando a las víctimas y sus entornos. La forma en que estos casos se visibilizan es crucial para romper el ciclo de violencia y construir un entorno más seguro.
La lucha contra la violencia sexual en la política debe ser una prioridad, por lo que es fundamental que este proceso sea llevado de la mejor manera desde lo judicial. En esa línea, llamamos a generar una investigación lo más transparente posible, con la premura que esto merece, con la imparcialidad debida y evitando la revictimización. Solo así se garantizará el debido proceso de esta denuncia.
Siguiendo estas líneas de mínimo respeto y seriedad, podremos avanzar hacia una sociedad donde la dignidad de cada persona sea protegida.
