Seguramente has notado que, durante este mes, las calles, los medios de comunicación, el comercio y otros espacios se visten con los colores del arcoíris para conmemorar el Mes del Orgullo LGBTIQA+. Esta efeméride tiene su origen en los disturbios de Stonewall, ocurridos en Nueva York en 1969. Aquella manifestación colectiva en defensa de los derechos de la comunidad marcó un hito histórico, pues fue la primera vez que se ejerció una resistencia activa frente a la discriminación y la violencia sistemática.
Han pasado 56 años desde aquellos acontecimientos, y podríamos pensar que mucho ha cambiado: que la sociedad ha abierto espacios inclusivos; que se conocen y respetan los derechos humanos; que comprendemos que la diversidad es una fuente infinita de riqueza social. Sin embargo, la realidad nos recuerda que persisten prejuicios profundamente arraigados. Seguimos inmersos en una neblina de intolerancia e individualismo que limita nuestra capacidad de convivir con empatía y respeto.
La coyuntura política global refleja claramente esta problemática. Líderes de algunas de las principales potencias mundiales han impulsado discursos que promueven el odio hacia las personas LGBTIQA+. En Estados Unidos, con el nuevo gobierno, se ha restringido el reconocimiento de género a solo dos categorías, dejando a miles de personas no binarixs e intersexuales sin documentación oficial que respalde su identidad. Esta omisión las vuelve invisibles ante el Estado y las políticas públicas.
En nuestro país vecino, el discurso ha escalado hasta la difamación abierta. Durante el Foro Económico Mundial, el presidente argentino Javier Milei declaró explícitamente que la “ideología de género” y la adopción homoparental constituyen abuso infantil. Así, el odio se hace camino dentro del debate público, y con él avanzan la violencia, los crímenes de odio, la falta de empatía y la creciente normalización de la crueldad hacia la comunidad LGBTIQA+.
A nivel nacional, el panorama político sigue siendo ambiguo y contradictorio. Aunque se promueven discursos de tolerancia y protección, persiste una falta de compromiso real con las problemáticas de fondo que afectan a las diversidades sexuales. La última cuenta pública presidencial no incluyó ninguna mención a la comunidad LGBTIQA+, mientras que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género (PAIG) ha sido blanco de acusaciones infundadas que solo buscan obstaculizar los derechos de las familias que ofrecen refugio y contención a las personas LGBTIQA+.
Mientras tanto, los titulares sobre crímenes de odio se vuelven cada vez más brutales. Personas de la comunidad —incluidos profesionales de la salud— han sido asesinadas cruelmente por su orientación sexual, identidad o expresión de género. Nombres como Daniel Zamudio, Ariel Millar, Francisco Albornoz, María Pía Castro y Nicole Saavedra siguen resonando como recordatorios del costo de la indiferencia.
Ante esta realidad, cabe preguntarnos: ¿Somos realmente una sociedad que puede sentirse orgullosa? Desde los disturbios de Stonewall hasta hoy, la comunidad LGBTIQA+ ha luchado con valentía, logrando avances como la Ley Antidiscriminación en Chile, el Matrimonio Igualitario y la eliminación de la pena de muerte por orientación sexual en muchos países.
Pero aún queda mucho por alcanzar: el fin de la discriminación por expresión de género, la equidad en las oportunidades, la erradicación de los prejuicios y de todo tipo de violencia, y el simple —pero fundamental— derecho a vivir en paz.
El camino está en nuestras acciones cotidianas: en la defensa activa de los derechos humanos, en los espacios laborales, en los servicios de salud, en las escuelas y en el núcleo familiar. Ese camino lo trazamos cada uno de nosotros. Ya sabrá cada quien si lo que construimos es un horizonte esperanzador o una triste tragedia.
