Durante los últimos días todo Chile pudo acceder a terribles imágenes grabadas en una unidad dependiente del Hospital de Osorno, en las cuales se ve a un funcionario que sufre de acoso, vejámenes y acciones calificables como torturas por parte de colegas de su trabajo. Estas situaciones habrían sido constantes entre los años 2018 y 2020, y fueron causa de investigaciones sumarias dentro de la institución.
Es indudable que estas agresiones merecen la mayor de las condenas y repudio, así como también el hecho de que las investigaciones iniciales hayan terminado sin sanciones para ninguno de los implicados.
Ningún tipo de maltrato o acoso en los espacios laborales es aceptable, pero el nivel de violencia que vimos en los videos e imágenes que circulan es de una gravedad mucho mayor a lo que estamos acostumbrados, y nos llama a reflexionar de manera más profunda y urgente sobre lo que pasa en nuestros establecimientos.
Desde Fenpruss hemos sido testigos del aumento de situaciones de violencia dentro de los recintos. Desde hace años que sube el número de agresiones de usuarios hacia funcionarios, pero también de casos de acoso y maltrato entre el personal de salud. En ese marco, la entrada en vigencia de la Ley Karin trajo una avalancha de denuncias que el sistema no puede procesar, lo que evidencia que el problema es mucho mayor de lo que se pensaba.
En el fondo de todo esto hay un problema que compete a la sociedad en su conjunto. Los espacios de trabajo no son inmunes a la frustración y violencia que vemos en las calles, barrios e incluso dentro de los hogares. Asimismo, en la salud pública existe una correlación directa entre la falta financiamiento, personal e infraestructura con el deterioro de la convivencia interna y el aumento de casos de maltrato. Pero esto no puede ser una excusa.
Este caso de violencia laboral extrema nos remece y nos llama a la acción. Es claro que deben existir sanciones reales para los agresores y se debe revisar la complicidad pasiva de otros funcionarios y jefaturas que, estando al tanto de los hechos, no actuaron con la premura y decisión necesarias. Sin embargo, estos actos de justicia mínimos no garantizan que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir.
Es necesario poner el foco en la prevención dentro de nuestros espacios laborales. Para ello, las herramientas de capacitación y los espacios de diálogo y encuentro en los entornos de trabajo son vitales. Se necesita una nueva cultura organizacional con personas que tengan las herramientas que les permitan evitar la violencia y generar ambientes sanos.
En la misma línea, es de suma urgencia disminuir la sobrecarga que hoy enfrentan los funcionarios de salud por la falta de condiciones estructurales para su buen desempeño. La pandemia del COVID-19 vino a agravar una situación de estrés, precariedad y salud mental del personal de salud que ya venía arrastrándose por años, y que indudablemente afecta la convivencia interna.
Por último, es necesario revisar y reformar el mecanismo de los sumarios administrativos, para que éstos tengan mayor eficiencia y oportunidad resolutiva.
No podemos seguir normalizando la violencia en los espacios de trabajo. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que nunca más veamos situaciones como la del Hospital de Osorno, pues la salud pública de Chile no puede ser sinónimo de maltrato.
