Desde los recientes episodios de paralización presupuestaria en otros países, como el cierre parcial del gobierno federal de los Estados Unidos, queda clara una lección para nuestro país: no podemos seguir sometiendo el financiamiento y estabilidad del sistema de salud a las oscilaciones del debate político anual.

En Chile, la red pública hospitalaria enfrenta una crisis financiera estructural que ha comprometido la provisión de servicios esenciales. Por ejemplo, la deuda hospitalaria de la red asistencial alcanzó los $419.000 millones de pesos a fines del primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 134% en solo un año. En paralelo, los hospitales tienen un nivel de gasto en bienes y servicios de consumo que ya alcanza el 41% del presupuesto operacional de los servicios de salud, advirtiendo que podrían quedarse sin partidas para insumos clave o para contratación de servicios antes de finalizar el año.

Gran parte de los recursos adicionales que el Ministerio de Salud (Minsal) ha inyectado, no está destinada a expansión de servicios o infraestructura, sino al pago de deuda acumulada y facturas atrasadas. Un esfuerzo que, aunque necesario, limita la posibilidad de que el crecimiento presupuestario responda efectivamente al aumento de la demanda o a la renovación técnica del sistema.

Aun así, en la discusión del Presupuesto de la Nación 2026 se observa que la partida específica para salud ha sido rechazada en momentos clave, no por un análisis técnico sobre la viabilidad del sistema, sino por motivaciones electorales y dinámicas de confrontación política. Este tipo de decisiones, que subordinan el bienestar sanitario de la población a la disputa parlamentaria, reproducen los daños observados en otros países: una fluctuación presupuestaria que deriva directamente en deterioro del desempeño del sistema y, en última instancia, en peores resultados de salud para las personas.

Por lo tanto, no basta con asignar recursos cada año en función de la negociación política del momento. Chile necesita que el financiamiento del sector salud cuente con una institucionalidad propia, técnica y estable, independiente del ciclo presupuestario anual del Congreso. Esta debe definir con claridad las brechas de recursos humanos, la renovación de equipamiento médico, la infraestructura sanitaria y los servicios prioritarios, sustentándose en información transparente y datos robustos.

Hoy no sabemos con precisión cuáles son las reales brechas de demanda: qué porcentaje de la población requiere servicios de salud no cubiertos, cuántas personas quedan fuera de prestaciones, cuántos equipos o tecnologías están obsoletos, cuántos profesionales faltan en regiones, o qué renovación de capital será necesaria en los próximos 5 a 10 años. En otras palabras, sin información sólida y planificación estratégica, el presupuesto de salud seguirá siendo un ejercicio de fe o de cálculo político, más que una herramienta de desarrollo del sistema sanitario.

En un contexto donde surgen gobiernos y movimientos de corte ultraderecha que conciben al Estado como un ente “costoso” o “sobredimensionado”, el riesgo es claro: mantener un sistema de salud que dependa año a año de la negociación política abre la puerta a lógicas de austeridad, privatización y reducción de derechos. La profunda crisis de confianza en las instituciones parte por la incapacidad de dar respuesta a las necesidades de la población de manera clara.

En Estados Unidos, el cierre del gobierno iniciado el 1 de octubre de 2025 produjo una serie de problemas en el funcionamiento del programa Medicare: aunque los pagos continuaron, se paralizaron o demoraron procesos administrativos, y se publicaron advertencias de que una interrupción prolongada podría afectar la cobertura de telemedicina, el reembolso de prestaciones y la gestión de planes de salud asociados. Este ejemplo muestra cómo un sistema sanitario a gran escala, incluso en una potencia mundial, queda vulnerable cuando su operatividad depende de decisiones presupuestarias y negociaciones políticas de corto plazo.

Del otro lado del Atlántico, el National Health Service (NHS) británico ha sido objeto de múltiples análisis que concluyen que las políticas continuadas de recortes o congelamiento presupuestario durante los gobiernos conservadores erosionaron su desempeño. Las decisiones políticas adoptadas por los Conservatives debilitaron al NHS y dificultaron al personal entregar un servicio de alto rendimiento. Por ejemplo, el porcentaje de pacientes que recibieron tratamiento oncológico urgente (62 días desde la derivación) cayó a 69,1% en agosto de 2025, muy por debajo del estándar del 85%.

Estos ejemplos demuestran cómo la parálisis o los recortes derivados de debates presupuestarios, ajustes ideológicos o estrategias de austeridad pueden impactar negativamente tanto un sistema público universal (como el NHS) como uno mixto o mayoritariamente público (como Medicare/Medicaid). En ambos casos, la salud de la población sufre.

Institucionalizar el financiamiento del sector salud mediante un ente autónomo y democrático que estime brechas, defina rutas de desarrollo, actualice tecnologías y recursos humanos, y asegure fondos estables es una estrategia que debería ser el centro del debate presidencial. Esta nueva institucionalidad debe basarse en evidencia, pero también en la participación activa de los actores del sistema de salud, incluyendo a los trabajadores y sus organizaciones, para revisar técnicamente las prioridades y orientar la asignación de recursos de acuerdo con las verdaderas necesidades del país.

En la discusión del Presupuesto 2026, es hora de proponer que la salud sea tratada como un bien público esencial, no como una variable más del juego anual de negociaciones políticas. Solo así podremos garantizar continuidad, calidad y justicia en la atención de salud de la población chilena.