El Bono Trato Usuario (BTU), creado por la Ley 20.645, nació con la intención de incentivar mejoras en la calidad de atención de salud percibida por la ciudadanía. Sin embargo, desde su creación, como Fenpruss observamos que su diseño ha terminado por instalar una competencia injusta entre establecimientos que enfrentan realidades profundamente distintas.
Al basarse casi exclusivamente en percepciones subjetivas de atención, el BTU compara indicadores que no reflejan las condiciones objetivas de gestión, recursos ni brechas estructurales existentes en la red asistencial pública.
Este año, la evaluación más baja dentro de todos los establecimientos alcanzó un 6,1, un resultado que en cualquier escala es considerado positivo. Esto demuestra que la percepción de la ciudadanía sobre la atención que recibe es, en general, favorable, pese a las complejas condiciones en que trabajan los equipos de salud. Paradójicamente, este buen resultado convive con discursos públicos que insisten en catalogar a la salud estatal como deficiente, instalando una imagen distorsionada y poco justa sobre el trabajo de las y los funcionarios.
Los propios datos del BTU desmienten esa narrativa. Por ello, como Fenpruss valoramos y felicitamos a quienes, a pesar de las dificultades y limitaciones estructurales, brindan una atención cercana, humana y de calidad, reflejando un compromiso profundo con la salud pública del país.
No obstante, la forma en que el bono se asigna es problemática. La competencia que genera no considera los distintos grados de demanda, disponibilidad de recursos humanos, dotación presupuestaria ni equipamiento entre establecimientos. Centros de alta complejidad compiten con otros de menor flujo; zonas rurales enfrentan las mismas exigencias que establecimientos urbanos; y todos son comparados bajo un instrumento que ignora su contexto.
Así, se termina generando una comparación artificial que responsabiliza a los establecimientos por brechas cuya resolución depende del nivel central y de los servicios de salud, no de quienes entregan la atención directa.
A esto se suma que el BTU no permite revelar las verdaderas tensiones del sistema. Chile mantiene un gasto público en salud inferior a los estándares internacionales recomendados, una dotación de profesionales bajo la media de países comparables y una deuda hospitalaria creciente. Estos elementos inciden directamente en la oportunidad, resolutividad y calidad efectiva de la atención, pero no aparecen reflejados en un instrumento basado sólo en satisfacción usuaria.
Por ende, mientras el BTU premia percepciones, invisibiliza déficits estructurales que afectan la experiencia de salud de millones de personas.
Desde Fenpruss creemos que fortalecer la salud pública requiere avanzar hacia un modelo de incentivos que promueva la colaboración por sobre la competencia, que mida calidad real y no solo percepciones momentáneas, y que integre los determinantes estructurales que condicionan la respuesta sanitaria.
Si queremos un sistema más justo, eficiente y humano, necesitamos instrumentos que revelen sus brechas y orienten soluciones de fondo. La salud pública no se mejora comparando injustamente: se mejora construyendo condiciones dignas, recursos adecuados y un compromiso compartido con el derecho a la salud.
