Aunque la segunda vuelta presidencial ha puesto la salud como tema a tratar, la verdad es que el debate ha sido pobre y superficial. Se repiten una y otra vez las listas de espera como si fueran el único síntoma de la crisis, pero se omite lo que realmente explica el deterioro del sistema: las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, la insuficiencia estructural de financiamiento, la creciente deuda hospitalaria, los costos de insumos y tecnologías, la precarización del empleo público en salud y la ausencia de una mirada estratégica sobre cómo sostener la red asistencial en el tiempo.
Esta falta de profundidad no es menor: es justamente ahí donde se juega la viabilidad del sistema y la calidad de la atención que recibe el país.
Esa superficialidad queda aún más clara cuando se observan las prioridades que los comandos han declarado públicamente. Si uno mira solo esas prioridades, hay bastante sintonía entre ambas candidaturas. Tanto Jara como Kast reconocen que el sistema está en crisis; coinciden en que las listas de espera son inaceptables, que el costo de los medicamentos es insostenible, que el cáncer requiere trato preferente y que es necesario usar mejor la capacidad instalada, incluyendo prestadores privados y herramientas de salud digital. Ahí no está la diferencia de fondo: los diagnósticos se parecen y los titulares resultan razonables para cualquiera que haya esperado una hora o comprado un medicamento.
La distancia aparece cuando se observa desde dónde se formulan esas promesas. Jara llega como candidata de una coalición de centroizquierda, un programa que explícitamente busca fortalecer el Estado social y, en particular, la red pública y Fonasa como eje del aseguramiento. Kast, en cambio, encarna a la derecha radical, con una propuesta de “gobierno de emergencia” que combina rebaja de impuestos, fuerte ajuste del gasto público que implica baja de sueldos, despidos y una agenda de orden y seguridad que se extiende también al campo social, incluyendo salud. No son matices: son proyectos de sociedad distintos que, sin embargo, convergen discursivamente cuando hablan de listas de espera y medicamentos.
A nivel comunicacional, ambos comandos han optado por una lógica similar: máximo impacto en los eslóganes, mínima profundidad programática en los detalles. El resultado es una competencia de promesas totales donde se abusa del titular y se relega a segundo plano la pregunta incómoda: ¿Cómo se financia y gestiona todo esto en un presupuesto ya tensionado y con un sistema que funciona al límite?
En ese punto, la disonancia más evidente está en la propuesta de Kast. Por un lado, su programa promete aumentar fuertemente la productividad de los hospitales, reducir listas de espera mediante el Plan Zero y usar de manera masiva prestadores privados para resolver cirugías y consultas atrasadas. Por otro lado, plantea un ajuste fiscal de $6.000 millones de dólares en 18 meses, presentado como reducción de “gasto político” y de un supuesto exceso de funcionarios públicos.
Tanto el gobierno como economistas de distinto signo han advertido que es virtualmente imposible alcanzar esa magnitud de recorte sin tocar programas sociales, en un contexto donde la mayor parte del gasto se concentra precisamente en salud, educación, pensiones y transferencias. La aritmética básica del Estado de bienestar no calza con la fantasía de “recortar solo grasa” y, al mismo tiempo, multiplicar pabellones, camas y prestaciones.
Tampoco basta refugiarse en la palabra mágica “eficiencia”. Por supuesto que hay espacio para mejorar la gestión, reducir gastos ineficientes y usar mejor la capacidad instalada; la evidencia internacional posibilidades importantes en ese ámbito. Pero también es clara en otra cosa: la promesa de financiar grandes rebajas de impuestos o mega planes de choque solo “sacando grasa” no alcanza. Cuando los ajustes son abruptos y de gran magnitud, siempre terminan afectando inevitablemente la provisión de servicios, la inversión en infraestructura, los salarios y, en última instancia, los tiempos de espera y la mortalidad.
Los ejemplos abundan. En el Reino Unido, los años de austeridad bajo gobiernos conservadores después de 2010 se tradujeron en un estancamiento prolongado del gasto en salud, un aumento sostenido de las listas de espera y un deterioro del desempeño del National Health Service hoy ampliamente reconocido.
En Argentina, el experimento de “motosierra” del gobierno de Javier Milei ha implicado recortes agresivos en programas de salud pública, vacunación y financiamiento de hospitales de referencia, afectando insumos básicos y continuidad de tratamientos.
En Estados Unidos, los intentos de recortar financiamiento a Medicaid y subsidios del Obamacare han puesto en riesgo la cobertura de millones de personas y la viabilidad de hospitales, especialmente rurales.
El patrón es claro: los grandes recortes fiscales, sobre todo cuando provienen de proyectos de derecha radical o ultraconservadora, golpean de lleno a los sistemas de salud, aunque se los envuelva en el lenguaje de la “eficiencia” y la “prioridad social”.
En Chile, este debate se da justo después de aprobarse un Presupuesto 2026 que ya empuja al límite la regla fiscal: aumenta de manera importante los recursos para salud, pero con advertencias explícitas de que podría ser necesario ajustar durante la ejecución si los ingresos no acompañan. Prometer más hospitales, más cirugías, más medicamentos baratos y, al mismo tiempo, recortar $6.000 millones de dólares es, como mínimo, una invitación a la frustración futura.
Todo esto ocurre, además, en un escenario donde la salud, después de la pandemia, ya no es la misma. Las tecnologías digitales irrumpieron en la relación entre personas y equipos de salud, cambiaron la forma de acceder a una consulta, a un examen o a un control, y abrieron debates nuevos sobre datos, privacidad y brechas de acceso. Los perfiles epidemiológicos también se han transformado: convivimos con una carga creciente de enfermedades crónicas, secuelas post-COVID, problemas de salud mental y demandas de cuidado de largo plazo, en un país que envejece aceleradamente, con baja natalidad y profundas desigualdades territoriales. Contexto que se complementa con una situación económica tensa, presupuestos apretados y una ciudadanía cansada de promesas incumplidas.
En ese contexto, el verdadero desafío de los próximos cuatro años no será quién tenga el mejor eslogan sobre listas de espera o medicamentos más baratos, sino si seremos capaces de elegir la candidatura que de verdad plantee mejorar un sistema de salud sobreexigido, con propuestas concretas y no solo titulares. Ideas claras sobre el fortalecimiento de las carteras de prestaciones, la eficiencia del sistema, su financiamiento y la utilización de la capacidad instalada, pero también desde el fortalecimiento de las condiciones laborales de quienes proveen salud para el 90% del país a través de una carrera funcionaria real que reconozca la estabilidad laboral de los trabajadores de la salud.
Necesitamos una salud que pueda enfrentar los desafíos globales emergentes: nuevas crisis sanitarias, cambio climático, resistencia antimicrobiana, migraciones, envejecimiento y precarización del cuidado. Eso exige una reflexión amplia y profunda, que vaya más allá del ciclo electoral y de la comodidad de los titulares, y que se haga cargo en serio de cómo Chile va a organizar, financiar y gobernar su sistema de salud en una sociedad que está cambiando mucho más rápido que las campañas. Si la política no está a la altura de esa conversación, lo que se resiente no es sólo el sistema: es la vida cotidiana de millones de personas que ya no tienen margen para seguir esperando.
