Fenpruss expresó su postura sobre la polémica acerca de la solicitud de datos sensibles del programa PAIG por parte de la Contraloría General de la República en el reportaje del Diario Uchile «¿Por qué Contraloría quiere el nombre de las personas trans que se atienden en programas estatales?».

Camila Köhnenkampf, secretaria de Igualdad de Oportunidades Fenpruss, expresó en el artículo: “La fiscalización de recursos públicos es una función legítima de la Contraloría y es necesaria para el Estado, pero cuando se están ejerciendo sin un enfoque de derecho, esto se puede transformar en fácilmente en un mecanismo de vulneración. La protección de datos sensibles es un derecho internacional, entonces es complejo cómo se da esta disputa, porque no son simples datos”.

También indicó que «se ve a simple vista o muy superficialmente que no es un tema económico, porque fácilmente se podría realizar mediante datos anónimos, porque lo que quieren evaluar ellos es la cobertura, la ejecución presupuestaria, los recursos. Para eso no hay necesidad de exponer identidades ni trayectorias personales con respecto a los programas”.

Por último, añadió que “hay una consideración mucho mayor, porque existe el interés superior del niño y la autonomía progresiva del mismo y entregar esa información aumenta el riesgo de estigmatización y revictimización de los mismos yaumenta una desconfianza hacia el sistema público”.