A días de que concluya el trabajo legislativo y en la antesala del cambio de gobierno del 11 de marzo, el proyecto de Sala Cuna para Chile —que se discute hace décadas y que hoy está con urgencia— enfrenta un escenario crítico: no estaría siendo puesto en tabla ni discutido para avanzar en este periodo, quedando entrampado por falta de voluntad política en el Congreso. En la práctica, esto empuja una vez más la solución hacia “más adelante”, pese a que el país lleva desde mediados de los 2000 debatiendo la necesidad de modernizar las normas que regulan el cuidado infantil.
Lo preocupante es que esta no es una controversia abstracta. Es una decisión política con efectos directos: mantener el marco actual del Código del Trabajo sigue impidiendo que muchas mujeres ingresen al mercado laboral en condiciones de seguridad y tranquilidad, y también limita el acceso de niños y niñas a sala cuna, con impacto en estimulación y desarrollo temprano.
Este proyecto buscaba corregir una discriminación histórica: el derecho a sala cuna ha estado condicionado, entre otras cosas, a reglas que terminan concentrando el cumplimiento en empresas grandes y perpetuando barreras para trabajadoras en realidades laborales distintas. Además, esa estructura refuerza la idea de que “contratar mujeres cuesta más”, reproduciendo desigualdad en el empleo y profundizando la brecha de género.
En el debate público, sectores de la hoy oposición han argumentado que el proyecto requiere ajustes por razones económicas, de financiamiento y por un eventual impacto en la competitividad. Pero si Chile quiere mejorar de forma real y sostenida las tasas de empleo femenino, no puede hacerlo sin resolver el nudo del cuidado infantil. La sala cuna no es un “beneficio accesorio”: es una condición habilitante para que las mujeres trabajen, para que exista corresponsabilidad, y para que el cuidado deje de recaer casi íntegramente en ellas.
A esto se suma una dimensión que a veces se omite: la sala cuna también es una política de infancia. El acceso a cuidados y educación inicial de calidad no solo se vincula a igualdad entre hombres y mujeres y al derecho al trabajo; también se relaciona con los derechos de niños y niñas, su bienestar y su desarrollo en la primera infancia. Postergar esta reforma implica postergar oportunidades tempranas que el país no debiera relativizar.
El bloqueo legislativo actual —sumado al cierre de sesiones y al receso, con un margen posterior acotado— amenaza con transformar esta discusión, otra vez, en una promesa que no se concreta. Y eso es grave: porque el costo no lo paga “la política” en abstracto; lo pagan las mujeres trabajadoras, las familias y la niñez.
Desde la Confederación FENPRUSS, sostenemos que Chile necesita una Sala Cuna Universal que reduzca discriminaciones, fortalezca la corresponsabilidad social del cuidado y garantice estándares de calidad. Quedan días decisivos. Ojalá todos los actores con poder de decisión —Gobierno, oposición y Parlamento— asuman la responsabilidad de destrabar el debate y llegar a acuerdos. La igualdad no puede seguir esperando.
