Lo que hemos observado desde la instalación de gobierno en materia de género y violencia — tanto en el debate público como en decisiones institucionales— no corresponde a hechos aislados, sino a una señal política consistente: un giro ultraconservador que busca, a su vez, naturalizar la pérdida de derechos sociales y reemplazarlos por lógicas de mercado.
En este escenario, la eliminación de la perspectiva de género no es un detalle técnico, sino una estrategia deliberada. La sustitución del concepto de “género” por “femenino” —incluso en espacios institucionales como el Ministerio de la Mujer— no es neutra: implica desmantelar la aspiración de igualdad sustantiva para reinstalar roles rígidos basados exclusivamente en el sexo biológico, invisibilizando las desigualdades estructurales que afectan a mujeres y diversidades.
Esta tendencia no se limita al plano discursivo. Se ha expresado también en decisiones institucionales, como la eliminación o debilitamiento de unidades, programas o “carteras de género” en distintos ministerios —por ejemplo en áreas como Bienes Nacionales— donde progresivamente se ha ido restando centralidad a este enfoque. Estos retrocesos no son meramente administrativos: implican perder capacidad del Estado para identificar brechas, diseñar políticas pertinentes y garantizar derechos en igualdad de condiciones.
A esto se suma un discurso político cada vez más explícito que cuestiona la institucionalidad de género. Un ejemplo de ello es lo planteado por la senadora Vanessa Kaiser en la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, donde propuso la idea de un “Ministerio del Hombre”. Este tipo de planteamientos instala falsas simetrías, desconociendo que problemáticas complejas como el suicidio masculino requieren precisamente más enfoque de género, no menos.
No es casualidad: es parte de un libreto que busca debilitar las herramientas que permiten comprender y abordar las desigualdades. Y lo que estamos presenciando no es el final, sino el inicio de una ofensiva más amplia.
En este contexto, decisiones como el retiro del decreto que modificaba el reglamento de la Ley Karin resultan profundamente preocupantes. A un año de su implementación, esta ley representa un avance significativo en la protección frente al acoso laboral, sexual y la violencia en los espacios de trabajo; problemáticas que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y que no pueden analizarse sin perspectiva de género.
Sin embargo, su efectividad depende de una implementación clara, coherente y sostenida. El retiro del decreto genera una señal contradictoria que retrasa la consolidación de la ley, mantiene vacíos e incertidumbres en los procedimientos, debilita la señal institucional en un momento donde se requiere fortalecer la protección frente a la violencia laboral, y traslada la incertidumbre a las y los trabajadores, quienes requieren garantías claras y efectivas para denunciar.
Estos hechos no pueden leerse de manera aislada. En un escenario donde persisten situaciones graves de violencia —incluyendo aquellas registradas en organismos públicos como SernamEG—, las señales del Estado deben ser de fortalecimiento, no de ambigüedad.
Dentro del mismo contexto, hechos recientes como el ocurrido con la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, evidencian que la violencia, en cualquiera de sus formas, no puede ser normalizada ni relativizada. Como sociedad no podemos tolerar agresiones hacia ninguna persona, independiente del rol que ejerza. La erradicación de la violencia debe ser un principio transversal, que abarque tanto los espacios laborales como el debate público.
En el sector salud, esta situación se vuelve aún más crítica. La necesidad de contar con condiciones seguras para el ejercicio laboral se enfrenta hoy a restricciones presupuestarias —como las derivadas de la Circular N°12 de Austeridad Fiscal— que afectan directamente la contratación de servicios de seguridad. Esto impacta especialmente a quienes trabajan en primera línea, muchas de ellas mujeres, expuestas a mayores riesgos en contextos de precarización.
Desde una perspectiva de género, es fundamental afirmar con claridad que no podemos retroceder en derechos ni en garantías conquistadas. Asimismo, advertimos que debilitar la perspectiva de género en las políticas públicas no solo implica un retroceso en derechos, sino también una pérdida de calidad en la respuesta del Estado, afectando directamente la capacidad de garantizar acceso, oportunidad y pertinencia en la atención de salud.
Por ello, desde Fenpruss sostenemos con convicción que:
- No hay fortalecimiento de la salud pública sin fortalecimiento de los derechos de las y los trabajadores
- No hay políticas públicas efectivas sin perspectiva de género
- No hay espacios laborales dignos sin condiciones reales de seguridad y protección
- No hay justicia social sin igualdad sustantiva.
Finalmente, hacemos un llamado a que las decisiones del gobierno estén a la altura de los desafíos actuales, avanzando en coherencia con los compromisos adquiridos y evitando cualquier señal de retroceso.
Porque garantizar condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia, junto con avanzar en igualdad de oportunidades, no es solo una responsabilidad administrativa: es una definición política sobre el tipo de sociedad que queremos construir.
