Este 7 de octubre, Día Mundial por el Trabajo Decente, el debate sanitario parte por una premisa: garantizar el derecho a la salud exige garantizar también los derechos de quienes lo hacen posible.
Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo decente comprende empleo digno, derechos laborales, protección social y diálogo social, con igualdad de género como principio transversal. En el sector salud, estos pilares deben expresarse en condiciones concretas para trabajar y cuidar.
Las y los trabajadores de nuestro sector necesitan estabilidad laboral, remuneraciones justas, dotaciones suficientes, oportunidades de desarrollo y ambientes libres de violencia y discriminación. También requieren jornadas compatibles con el descanso y las responsabilidades de cuidado, protección de su salud mental y participación efectiva en las decisiones que afectan su trabajo. La vocación de servicio, que se expresa día a día incluso en las condiciones más adversas, merece reconocimiento mediante derechos y condiciones laborales dignas.
En ese sentido, la discusión del presupuesto de Salud 2027 pone estas exigencias en el centro del debate. Los análisis disponibles advierten que el crecimiento respecto de la ley inicial de 2026 no asegura, por sí mismo, recursos suficientes para cubrir el gasto que la red proyecta ejecutar este año. Esta diferencia obliga a examinar cuánto financiamiento recibirán efectivamente los establecimientos para sostener sus equipos, responder a la demanda y asegurar la continuidad de la atención.
En este marco, reducir las listas de espera también constituye una responsabilidad urgente del Estado. Para cumplirla, las metas de productividad deben acompañarse de personal suficiente, equipamiento, insumos y una organización del trabajo que resguarde la seguridad de pacientes y trabajadores. Exigir más prestaciones sin asegurar esas condiciones puede profundizar la sobrecarga y comprometer la calidad de la atención. Cada meta sanitaria debe considerar la capacidad real de los equipos que deberán cumplirla.
Asimismo, un aumento del gasto en personal debe traducirse en mejoras verificables. Es necesario distinguir los recursos destinados a reajustes de aquellos que permiten fortalecer dotaciones y avanzar en estabilidad laboral. Las necesidades permanentes de la salud pública requieren respuestas sostenidas, con una carrera funcionaria que reconozca la experiencia, las competencias y el aporte de sus trabajadoras y trabajadores.
Desde Fenpruss llamamos al Ejecutivo y al Congreso a incorporar el trabajo decente como criterio de la discusión presupuestaria y de la gestión sanitaria. Esto exige financiamiento suficiente, prevención de riesgos laborales y diálogo efectivo con las organizaciones sindicales. Nuestra participación aporta conocimiento sobre las condiciones en que funciona la red y las respuestas que necesita.
En esta jornada, defender el trabajo decente es defender una salud pública capaz de cuidar con dignidad. Cuidar a quienes cuidan es una responsabilidad del Estado y una condición para garantizar el derecho a la salud de toda la población.
