Este lunes 2 de marzo dirigentas y dirigentes Fenpruss del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central) y de la coordinación Metropolitana asistieron a una sesión especial de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. El objetivo de la cita fue tratar los incidentes ocurridos en el recinto hospitalario en el marco del estallido social iniciado el pasado 18 de octubre.

A la reunión también estaba citado el director (s) del establecimiento, doctor Luis Carrasco Ruiz, quien, a pesar de haber confirmado su asistencia, a última hora envío sus excusas.

Lo anterior fue una oportunidad  para que Fenpruss, en conjunto con el doctor Patricio Barría y la doctora Ana María Pacheco, entregaran antecedentes a los integrantes de la Comisión para desmentir la información dicha por las autoridades.

Violencia institucional contra pacientes y funcionarios

Entre los graves hechos ocurridos en el recinto, y que fueron denunciados por las y los funcionarios, se cuentan el cierre del hospital el día 21 de octubre ordenado por el director, pese a que no se registraban manifestaciones en el exterior. Las consecuencias de esta medida fueron muchas, incluyendo el hecho de que Alex Núñez Sandoval, quien falleciera en el recinto debido a una golpiza por parte de Carabineros, no pudiera estar acompañado por su familia en sus últimas horas de vida.

Otro de los hechos graves fue el traslado injustificado hacia una clínica privada de Geraldine Alvarado, menor de edad que recibió el impacto directo de una bomba lacrimógena en su cabeza el 10 de noviembre. La paciente estaba recién operada luego de haber sido intervenida por un neurocirujano, a quien no se consultó esta medida emanada directamente desde el Ministerio de Salud, y que solo cuadra con motivos políticos.

El día 20 de diciembre, en el marco del llamado “copamiento preventivo” de la Plaza Dignidad ordenado por la Intendencia, Óscar Pérez fue atropellado por dos carros lanzagases de Carabineros, siendo trasladado al recinto en estado grave. La familia del afectado denunció que el director (s) del recinto se burló de la condición de salud del paciente ante ellos y luego minimizó públicamente el estado de gravedad en el que se encontraba, dando información poco precisa a los medios de comunicación.

Sobre la relación del recinto con las fuerzas de orden, se denuncia que el director (s) ordenó omitir la mención de Carabineros y sus vehículos en el plan de contingencia presentado por personal médico para hacer frente a las quemaduras químicas que afectaban a los manifestantes. Además, pese a que se implementó un policlínico interno para atender estos casos, hasta el día de hoy no se ha informado sobre sus resultados.

A esto se suma el ingreso de más de 30 efectivos de Fuerzas Especiales con 6 carros blindados al recinto el 26 de noviembre, encarando de forma agresiva y amenazadora a las y los funcionarios. El hecho se volvió a repetir el 3 de enero, cuando efectivos del GOPE de Carabineros aterrizaron en el helipuerto del hospital, bajando armados por el recinto para dirigirse hacia el sector de Plaza Dignidad. El director (s) no ha aclarado si estas maniobras fueron o no autorizadas.

Varios pacientes y funcionarios han denunciado, además, la presencia de Carabineros de civil dentro del hospital y la ausencia del Carabinero de Turno desde el inicio del estallido.

Por último, se denunciaron casos de persecución política en contra de la doctora Ana María Pacheco y la eliminación injustificada de la Oficina de Integración, junto con el despido del encargado de ésta, doctor Joan Telo, de nacionalidad haitiana.

Al concluir la sesión, el presidente de la Comisión, Ricardo Celis, se comprometió a enviar un oficio al Subsecretario de Redes Asistenciales, adjuntando la información entregada por las y los profesionales, además hacer presente la molestia de la Comisión por la ausencia del director (s) y solicitar el estado de los sumarios administrativos en curso.

Finalizada la jornada, las y los dirigentes reforzaron el objetivo último de la Fenpruss, que es la defensa de la salud pública y de los profesionales para la entrega de una atención de calidad, pese a las adversas condiciones que tienen.