Ante las desafortunadas declaraciones de la senadora Jacqueline Van Ryselberghe respecto a que los funcionarios públicos que no piensen como el actual Gobierno deben dejar sus cargos, queremos manifestar nuestro total repudio a esos dichos, ya que el Estado no es un botín a repartir cada 4 años, ni tampoco un negocio que deba cambiar de gerente como insinuó la Senadora.
Ahora bien, sería oportuno recordarle a la Senadora y a todos quienes creen que el Estado debe ser distribuido según el color político, lo que señala el Estatuto Administrativo al definir el Empleo público como la función pública, remunerada o no, que se realiza en cualquier servicio de la Administración del Estado, y que se especifica por su cometido y que el Empleado público o funcionario es la persona que desempeña un empleo público en algún servicio fiscal o semifiscal y que por lo tanto, se remunera con cargo al Presupuesto General de la Nación o del respectivo servicio.
Así entonces, es preocupante que se instale esta idea, porque lo que debiera estar sobre la mesa de discusión es cómo el Estado se hace cargo de las múltiples exigencias que debe cubrir para atender las necesidades que la población requiere y cómo se avanza en otorgar servicios públicos de calidad con empleos públicos con derechos, por eso Fenpruss no sólo rechaza categóricamente el cuoteo político en la función pública, sino que exigimos, una vez más, trabajo decente y eliminación del trabajo precario en el Estado.
Según cifras del INE, el Estado tiene alrededor de 960 mil empleados públicos, los que se distribuyen entre la administración central, salud, educación, municipios, fuerzas armadas, empresas estatales y otros, pero de este total, cerca de un 20 por ciento posee calidades contractuales precarias como los honorarios, compras de servicio, empresas individuales de responsabilidad limitada, entre otros, por lo que más allá de estar preocupado si uno o dos o cinco jefaturas no son de la coalición actual de gobierno, lo que debe preocuparnos es cómo se respeta el trabajo de los cientos de miles de trabajadores públicos que se ven amenazados con este tipo de declaraciones y con los despidos masivos injustificados que hoy se ejecutan, por ejemplo, en el Ministerio de Salud y que gracias al trabajo jurídico de Fenpruss ya pudimos revertir un caso, donde el tribunal laboral de Santiago dio orden de no innovar asegurando la estabilidad laboral de uno de los muchos funcionarios que se vieron afectados por esta medida.
Fenpruss no sólo ratifica su posición en esta materia, sino que realizará todas las acciones políticas y jurídicas que nos permita defender la estabilidad laboral, la dignidad del trabajador público, los servicios públicos de calidad y no aceptaremos que se intente politizar la función pública por intereses partidarios mezquinos. Estaremos atentos y firmes para respetar estos principios.
