El inicio de un nuevo periodo gubernamental en Chile ofrece una oportunidad para analizar el presente del sector salud y sus próximos desafíos. Al concluir la administración 2022-2026, el balance del sector salud exhibe una dualidad: una resiliencia notable en programas de salud pública preventiva, contrastada con una rigidez financiera que presiona la operatividad de los centros hospitalarios.

El balance de gestión saliente

Chile ha mantenido su trayectoria de políticas de Estado. Un indicador crítico de este éxito es la implementación del anticuerpo monoclonal Nirsevimab contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Los datos epidemiológicos cierran el bienio 2024-2025 con una reducción del 80% en las hospitalizaciones por VRS en lactantes y una mortalidad por esta causa que alcanzó valores cercanos a cero.

Este hito se suma a la consolidación del Copago Cero, que al cierre de 2025 ya ha beneficiado a más de 16 millones de usuarios de Fonasa, eliminando barreras financieras de acceso en la red pública.

Sin embargo, tras estos avances persiste una deuda estructural: la incapacidad de reformar el modelo de financiamiento del sistema. Al igual que en las administraciones de las últimas dos décadas, no se logró transitar hacia una estructura que resuelva la fragmentación entre el sector público y el privado.

La gestión que finaliza se limitó a la administración de la crisis de las Isapres mediante la «Ley Corta», una medida de contención que evitó el quiebre de las Isapres, pero que mantuvo intacta la arquitectura de un seguro privado que segrega por riesgo y capacidad de pago. Este inmovilismo legislativo, compartido por gobiernos de distinto signo político, deja al sistema en un estado de vulnerabilidad financiera crónica, donde Fonasa absorbe una carga creciente de beneficiarios sin contar con las herramientas de gestión de red y financiamiento per cápita necesarias para sostener dicha demanda.

A este escenario se suma que, aunque la mediana de espera quirúrgica se redujo de 549 días en 2022 a 283 días en 2025, el volumen de la lista de espera No-GES no ha logrado una contracción significativa, cerrando con más de 2,8 millones de registros activos. La ejecución presupuestaria de los servicios de salud, marcada por un gasto que suele agotar los recursos de operación hacia el mes de agosto, confirma que sin un cambio en la ingeniería financiera del sector, la red hospitalaria seguirá operando bajo una lógica de déficit permanente.

Desafíos globales y herencia estructural

El gobierno entrante asume la conducción del sector en un escenario global cambiante. Según la evidencia reportada por la OMS y organismos regionales, los sistemas de salud enfrentan hoy tres desafíos globales: la transición demográfica (con un índice de envejecimiento que en Chile ya supera las 130 personas mayores por cada 100 menores de 15 años), la infodemia o desinformación en salud, que afecta las coberturas de inmunización; y la necesidad de integrar salud digital e inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de los pabellones.

En lo interno, persiste la falta de una reforma estructural al financiamiento. Tras la crisis de las Isapres y la implementación de la Ley Corta, el sistema privado cierra el periodo con una fuga neta de beneficiarios hacia Fonasa (más de 600.000 personas en el cuatrienio), sin que se haya modificado la arquitectura de un seguro que permita la compensación de riesgos entre el sector público y el privado.

La encrucijada del recorte presupuestario

La mayor incertidumbre para el periodo 2026-2030 radica en la viabilidad de la gestión bajo la política de austeridad anunciada. El economista Jorge Quiroz y el equipo económico entrante han proyectado un recorte programático del 3% en las carteras ministeriales. En el caso de Salud, donde el 89% del presupuesto es gasto rígido (personal, leyes médicas y compra de fármacos insustituibles), un recorte de esta magnitud impactaría directamente en el 11% restante, que corresponde precisamente a la operación clínica y mantenimiento de equipos.

La evidencia internacional sobre ajustes fiscales drásticos en salud es consistente. En contextos de administraciones con programas de austeridad extrema, como se ha observado recientemente en Argentina, la desarticulación de programas de suministro de medicamentos de alto costo y el desfinanciamiento de la atención primaria han derivado en un aumento de la morbilidad y el resurgimiento de patologías infectocontagiosas previamente controladas.

Chile enfrenta el riesgo de que el orden fiscal comprometa la capacidad de respuesta sanitaria. La eficiencia en el gasto es un imperativo técnico, pero en un sistema con un déficit de operación crónico, el ajuste presupuestario sin una reforma al modelo de gestión arriesga transformar una crisis financiera en una crisis de resultados sanitarios. El éxito del nuevo Ministerio dependerá de su capacidad para innovar en la gestión, evitando que la austeridad se convierta en el principal factor de riesgo para la salud pública nacional.