Con gran preocupación vemos un aumento de ataques violentos a trabajadoras y trabajadores de los distintos establecimientos de la red asistencial del sistema público de salud en nuestro país, situación que lamentablemente no es nueva y se ha ido acrecentando. Por lo mismo, es urgente que los distintos actores involucrados avancemos en distintas líneas para abordar esta problemática que tiene diversas causas, que en lo concreto se traduce en actos violentos a funcionarias y funcionarios públicos, que estamos para atender las necesidades de salud de la población.
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones.
Según diversos estudios en los últimos 15 años, existe una conclusión irrefutable: Los trabajadores que realizan cuidados de salud, que en los servicios asistenciales son principalmente mujeres, constituyen un grupo de personas que presentan un alto riesgo de sufrir violencia. Entre ellos, quienes presentan mayores riesgos son los que se desempeñan en unidades de emergencia, hospitales psiquiátricos, unidades de ancianos, centros de rehabilitación de adictos, entre otras.
Una investigación publicada en la Revista Panamericana de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) año 2016 revela que: “Los profesionales de la salud enfrentan frecuentemente situaciones de violencia verbal o física durante el desempeño de sus funciones, lo que tiene consecuencias laborales y para su salud”
Desde Fenpruss creemos que una de las primeras acciones que debiera promoverse por el Ministerio de Salud y en su conjunto por el Gobierno, es la reinstalación de la discusión legislativa en torno a modificar el Código Penal y otros cuerpos legales como la ley 20584 sobre derechos y deberes de los pacientes, con el propósito de aumentar la sanción a quienes atenten contra los miembros o funcionarios del personal sanitario o equipos de salud. Estas son medidas disuasivas, que pretenden aplacar en algo el aumento de la violencia ejercida hacia los funcionarios, pero que distan de ser la solución definitiva al problema.
Por ello, a la par con modificaciones legales, lo que se debe avanzar es en otorgar mayor resolutividad y cobertura al sistema público de salud, para que los agentes estresores que son una de las causas de esta problemática vayan en descenso y con ello una disminución en hechos violentos. No cabe duda que al tener una mejor salud pública, se limitarán estos actos violentos porque se podrán dar respuestas más eficientes a las y los usuarios. Tarea de largo plazo, pero que requiere un compromiso del país por asumir una real reforma de la salud que le permita a nuestro sistema, ser capaz de otorgar las atenciones de calidad que merecen nuestras usuarias y usuarios.
También, será importante generar iniciativas de fortalecimiento de la educación en el respeto y el cuidado de las trabajadoras y trabajadores de la salud. Sin duda, esta tarea es de largo plazo, pero debe asumirse con urgencia en un diálogo intersectorial que involucre a educación en sus distintos niveles y a la ciudadanía en general.
Asimismo, en medidas de corto plazo y paliativas, se torna fundamental tener mejores controles de vigilancia para este tipo de conductas. En este sentido, es importante la coordinación con las policías, quienes deben cautelar que las unidades de alto impacto, como los servicios de urgencia, cuenten con la debida protección para no lamentar situaciones que pongan en riesgo la vida de las y los funcionarios.
El llamado entonces es a generar un trabajo intersectorial que nos permita avanzar rápido en esta materia, ya que ante el riesgo de la integridad física y psíquica de nuestros trabajadores y trabajadoras -derecho protegido constitucionalmente- vamos deteriorando la salud pública en su funcionamiento, en la entrega de sus servicios de salud y por consiguiente, en la atención a las personas que requieren un sistema público de salud eficiente, de calidad y acogedor se aleja por el temor ante estas acciones violentas de ciertas personas. Confiamos plenamente en la gran mayoría de las chilenas y chilenos que valoran y reconocen el trabajo de nuestras y nuestros profesionales, pero nos alarmamos por aquellos brotes violentos que atentan contra la seguridad y vida de estos mismos trabajadores, a eso le decimos basta y a eso nos queremos sumar para desarrollar un trabajo que revierta esta negativa tendencia. Confederación Fenpruss, como ha estado presente en sus 23 de año de vida, estará nuevamente presente en este importante tema que nos debe involucrar a todas y todos.
