El pasado 18 de julio la Contraloría General de la República emitió un dictamen que obliga a pagar el «Bono COVID» a aquellos trabajadores a honorarios de la salud que, habiendo realizado las labores sanitarias asociadas a COVID, fueron marginados arbitrariamente por los Servicios de Salud por tener un contrato a honorarios financiado por subtítulos distintos al 21.
Este pronunciamiento se dio en respuesta a la solicitud presentada por Fenpruss, a través de su equipo jurídico, de reconsiderar las instrucciones del Ministerio de Salud que excluían arbitrariamente a trabajadores y trabajadoras que, más allá de su condición contractual, han cumplido labores esenciales y muy difíciles durante la pandemia. Así, el dictamen E236272 obliga a los servicios de salud a pagar dicho bono a las y los honorarios quienes cumplan con los requisitos establecidos.
“Valoramos este pronunciamiento de Contraloría ya que viene a saldar una deuda con trabajadoras y trabajadores que han sido vitales en el abordaje de la pandemia en nuestra salud pública”, expresó Aldo Santibáñez, presidente nacional Fenpruss.
“No es pertinente discriminar a trabajadores y trabajadoras por cuestiones administrativas como bajo qué subtítulo fueron empleados, siendo que las funciones que cumplieron fueron las mismas que los honorarios del subtítulo 21”, agregó.
Por último, el dirigente insistió en la necesidad de abordar el problema de fondo: “Es urgente terminar con la precarización laboral en el sector público, especialmente en la salud. No podemos seguir fomentando formas de empleo sin derechos como los honorarios y compras de servicio, por lo que esperamos que este gobierno pueda avanzar hacia una solución en la línea del trabajo decente”.
