Garantizar que los derechos sindicales y laborales estén en el centro de la respuesta de COVID es esencial para reducir los riesgos de seguridad y salud en el trabajo.
El brote de la enfermedad coronavirus (COVID-19) se caracteriza ahora por ser una pandemia. A mediados de marzo, el número de casos fuera de China se había multiplicado por 13 en apenas dos semanas, y el número de países afectados se triplicó. Los casos notificados superaron el umbral de 100.000 en 114 países, repartidos por todos los continentes habitados. Casi 4.500 personas infectadas han muerto y «miles más están luchando por su vida en los hospitales».
La Organización Mundial de la Salud ha expresado su profunda preocupación tanto por «los alarmantes niveles de propagación y gravedad como por los preocupantes niveles de inacción«. Si bien algunos países están adoptando medidas para controlar la curva de crecimiento del brote, la respuesta de los gobiernos de la mayoría de los países no ha sido proporcional al grave desafío que la pandemia plantea a la humanidad.
