Chile se encuentra en estos momentos en medio de un acalorado debate sobre las Isapres. El fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras a devolver el dinero de cobrado en exceso a los usuarios ha generado una crisis y revivido campañas del terror conocidas que pretenden impedir cualquier cambio en beneficio de la población.
La actual crisis de las Isapres es nada más que el resultado de su propia gestión que ha buscado lucrar en exceso con la salud de las personas, al punto de hacer cobros excesivos a las y los usuarios durante años, subir los precios de los planes de forma unilateral, y discriminar a grupos para quedarse con la población más sana y con mayores recursos. Estas malas prácticas caracterizaron a las Isapres por mucho tiempo y las mantuvieron como un negocio altamente rentable para sus dueños. Una vez que el Estado, ya sea a través de leyes o resoluciones judiciales, comienza a poner límite a estos problemas, las aseguradoras comienzan a alegar insolvencia económica, pese a acumular millonarias ganancias en la última década.
Hoy las Isapres y quienes las defienden ponen al frente de la crisis a sus usuarios y usuarias, e indican, de forma interesada, que obligar a las aseguradoras a cumplir con la ley es condenarlas a la quiebra y dejar a millones de personas sin seguro de salud. Un chantaje discursivo que juega con la incertidumbre de muchas personas que buscan una mejor salud para sus familias.
En este contexto, la ley corta presentada por el Gobierno nos parece que va en la dirección correcta, en tanto permite, en primer lugar, que las Isapres paguen la totalidad de su deuda de forma ordenada y sin impactos repentinos en el sistema. En segundo lugar, fortalece Fonasa y crea una modalidad de seguro privado complementario que será regulado para evitar abusos como los ejercidos durante años por las Isapres. En tercer lugar, se fortalece la Superintendencia de Salud para mejorar la regulación y la fiscalización.
Esto contrasta con el proyecto paralelo presentado por senadores de la oposición, que se centra en salvar financieramente a las Isapres, es decir, un “perdonazo”, que incluso pasa por sobre la resolución de la Justicia.
Como Fenpruss hemos dicho durante años que Chile necesita un seguro universal de salud de carácter público y solidario, tal como existe en otros países desarrollados que miramos como ejemplo. Estos organismos han demostrado ser eficientes y suficientes para cubrir financieramente las necesidades de salud. Además, hemos dicho que las personas deben tener la posibilidad de acceder a seguros privados complementarios, si es que así lo desean. Un Fonasa fortalecido en la línea de lo planteado por la ley corta, se acerca esta idea y no conlleva mayores perjuicios para las personas, ya que luego del “Copago cero” la atención es totalmente gratuita en los recintos públicos, y se puede acceder fácilmente a la salud privada a través de la Modalidad de Libre Elección.
En cualquier caso, es importante señalar que estos cambios en el ámbito del seguro de salud deben ir acompañados de un fortalecimiento de la red pública. Si no tenemos hospitales y consultorios dignos, con personal e infraestructura suficiente, y sin listas de espera; seguiremos con el traspaso millonario de recursos a un sector privado que pone el lucro por encima de la salud de las personas.
En medio de esta crisis terminal de las Isapres, cabe solamente cumplir lo dictaminado por la Justicia para que las aseguradoras devuelvan en su totalidad el dinero que cobraron de forma excesiva. Al mismo tiempo, la ley corta presentada es una buena oportunidad para avanzar en un seguro público fortalecido que entregue certezas y evitar así que la crisis la terminen pagando las personas.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
