Hasta la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acudieron este lunes la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) junto a dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la secretaria regional de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), para presentar una queja formal contra el Estado de Chile por vulneración a los derechos de dirigentes, acusando una serie de prácticas antisindicales detectadas en servicios públicos de salud a nivel nacional. Hechos que, si bien han sido denunciados ante organismos del país como la Contraloría, no han generado respuesta de las autoridades pertinentes.
Son alrededor de siete los casos formales y documentados que fueron presentados ante la agencia de la ONU relativos a denuncias en el Hospital de Maipú, la Posta Central de Santiago, el Hospital de Punta Arenas, y los Servicios Salud de Osorno e Aysén. En el escrito ingresado, se detallan desde acoso y retención de remuneraciones hasta maltrato físico.
La presidenta de la Fenpruss, Gabriela Farías, sostuvo que “se trata de situaciones que ya se arrastran en algunos casos por años, en el que han habido situaciones de acoso, de asedio contra dirigentes por haber generado fiscalizaciones o por haber hecho denuncias de irregularidades a nivel de los establecimientos, de los directores de servicio o de los hospitales. Y eso, finalmente lo que hizo fue que nosotros fuéramos viendo que ha habido un patrón que se va a repitiendo cada vez más en el tiempo, en el que se ha buscado coartar el ejercicio de los derechos sindicales y del rol sindical en distintos lugares”.
El caso más grave, según indican desde la organización sindical, la sufrieron dos dirigentas en el Hospital de Maipú por denunciar irregularidades. Lo anterior, habría provocado que desde la dirección “mantengan un permanente acoso, que no necesariamente es por parte solo de los directores o las directoras, sino que los equipos directivos, de las áreas jurídicas, de las subdirecciones, por ejemplo, que buscan aspectos en los cuales puedan generar procesos sumariales, sumarios que para otra persona, con similares características, se le da una sanción muy leve. En el caso nuestro, ha sido de expulsión”, afirmó Farías.
Por ello, inicialmente desde las organizaciones mantuvieron diálogos con los ministerios de Salud y Trabajo, Contraloría e incluso tribunales. “Y si bien hay un reconocimiento de que hay problemas, lo que no hay es voluntad para enfrentar esos problemas y resolverlo”, dijo la dirigenta.
“Porque lo que vemos es que a pesar de que nosotros hemos buscado instancias de diálogo con el gobierno, a distintos niveles, lo que tenemos como respuesta de ellos es bastante indolente”, aseguró.
En tanto, al sur del país, en el Servicio Salud de Osorno, fueron conocidas las acusaciones contra su director, Rodrigo Alarcón, quien habría limitados permisos gremiales a dirigentes no solo de la Fenpruss, “en una escalada de violencia, de maltrato, de agresión, de amenazas por disminuir sus remuneraciones y eso se había resuelto parcialmente, y ahora nos avisan que el director se va a querellar contra todos los dirigentes del servicio por difamación y por cosas que, en el fondo, ellos han ido denunciando”.
Bajo ese escenario, desde Fenpruss admiten que no quedó otro camino. La queja será remitida al Comité de Libertad Sindical que tiene que evaluar el fondo para ver si la OIT acoge el escrito. Esto último puede llevar varios meses e incluso más de un año. Mientras, esperan abrir un espacio de mediación con el Gobierno.
“Es bien descorazonador para nosotros, frustrante que, además, un gobierno que dentro de sus primeras líneas discursivas siempre tuvo la defensa y la promoción de los derechos de los trabajadores, el fortalecimiento de la salud pública, lo que veamos ahora es simplemente a un Ministerio de Salud que está ocupado en administrar problemas políticos que tienen que ver con el mundo económico, por ejemplo, en el caso de las Isapres o que busca resolver listas de espera y, sin embargo, no se sienta a conversar con nosotros de cómo resolverlo”, lamentó la presidenta de la Fenpruss.
Ante dicho escenario, y la posibilidad de que se haga extensivo a otros servicios públicos, desde la CUT se hicieron patrocinadores de la queja. Su presidente, David Acuña, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que muchos de estos casos han sido “toleradas e incluso promovidas por instituciones del Estado como la propia Contraloría”.
“Estas acciones vulneran gravemente los estándares internacionales, especialmente el convenio 87 de la OIT que garantiza la libertad sindical y el derecho a la organización. La presentación de esta queja internacional no solo es un acto de denuncia, sino que también una señal clara de que el Estado de Chile debe asumir su responsabilidad y abrir un camino real de diálogo y solución a las y los trabajadores. Desde la CUT reafirmamos nuestro compromiso de respetar cada una de estas acciones en defensa de los derechos fundamentales del mundo del trabajo”, dijo.
Por último, realizó “un llamado urgente a la ministra de Salud, porque lo que está ocurriendo en el sistema no solo vulnera los derechos de las y los trabajadores, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de atención que reciben los usuarios. La falta de respuesta y de voluntad política para abordar estos conflictos profundiza una crisis que afecta a todo el sistema. Por eso, instamos a la ministra a abrir espacios efectivos de diálogo para encontrar soluciones y eso parte de recibir por recibir a las organizaciones sindicales que representan a miles de trabajadores de la salud”.
Fuente: Radio Univeridad de Chile
