El pasado domingo 29 de septiembre, el presidente Gabriel Boric anunció en cadena nacional los principales ejes del Presupuesto 2025 que será presentado al Congreso. Éste contempla un incremento del gasto público del 2,7%, destinando la mayor parte de los recursos a áreas clave como seguridad ciudadana, salud, vivienda, educación y cultura.
En el ámbito de la salud, el presidente destacó algunos puntos esenciales:
“En 2025 aumentaremos en un 42% los recursos para el programa de inmunización. Además, como me comprometí en la Cuenta Pública, destinaremos más de $2.000 millones para ampliar el Programa de Pesquisa Neonatal, aumentando de 2 a 27 las patologías a detectar de forma temprana”, señaló el Presidente. Asimismo, se comprometió a incrementar en un 68% los recursos destinados a la estrategia de reducción de listas de espera.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud continúa trabajando en la formulación de proyectos de ley derivados de la Ley Corta de Isapres. Hasta ahora, estos proyectos han puesto su foco principalmente en la estabilización económica de las aseguradoras privadas y en crear un mecanismo sostenible para devolver los cobros en exceso que éstas realizaron a sus afiliados durante años.
En esta nueva etapa, los proyectos de ley buscan fortalecer las instituciones públicas como Fonasa y la Superintendencia de Salud, y acabar con la discriminación en las aseguradoras privadas. Sin embargo, para alcanzar este último objetivo, es esencial abordar un problema estructural del sistema chileno: el mecanismo de financiamiento de los seguros de salud.
Actualmente, Chile opera con un sistema dual. Por un lado existe un seguro público basado en la lógica de seguridad social, y por el otro, un sistema privado regido por principios comerciales de seguros. Todas las comisiones de expertos, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, han subrayado la necesidad de avanzar hacia una mayor integración de la seguridad social en ambos sistemas, Fonasa e Isapres.
En este contexto, y considerando la fragmentación del poder legislativo, la pregunta clave que surge es: ¿Cómo orientar el presupuesto de salud hacia un horizonte basado en la seguridad social en Chile?
Este cuestionamiento es crucial para el debate presupuestario en el Congreso. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda destinar al menos un 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a salud, pero en 2023 Chile alcanzó solo un 5,83%. Aumentar este porcentaje y generar mecanismos eficientes de compra de servicios debe ser una prioridad.
La importancia de fortalecer los hospitales
Como cada año, se asigna un porcentaje importante del gasto a la resolución de las listas de espera, destinando gran parte de estos recursos a prestadores privados mediante pagos por prestación directa. Sin embargo, esta práctica eleva considerablemente el costo para Estado, disminuyendo la eficiencia en el uso de recursos.
Para avanzar en la resolución efectiva de las listas de espera, es imperativo fortalecer los hospitales públicos, mejorando su capacidad de respuesta y reduciendo la dependencia de prestadores privados. Debemos transitar hacia un modelo en el que los pagos no se realicen por cada prestación individual, sino por la atención completa de problemas de salud, basados en indicadores sanitarios claros.
A nivel estructural, el Estado chileno tiene una deuda acumulada cercana a los $650 mil millones con sus hospitales públicos (según datos del Servicio de Salud Metropolitano Oriente de 2022). Esta deuda corresponde a la falta de renovación de equipamiento y mobiliario clínico y no clínico que ya ha cumplido su vida útil o se ha descompuesto. La falta de inversión en reposición ha causado interrupciones indeseadas en la atención y ha aumentado los tiempos de espera, lo que solo agrava el problema.
Actualmente no existe un mecanismo automático para la reposición de equipamiento, lo que obliga a pasar por procesos de priorización poco definidos, en conjunto con los servicios de salud. Es crucial que esta situación se aborde de manera estructural en la discusión del presupuesto, para que se fortalezca verdaderamente la capacidad de los centros hospitalarios y se resuelvan las listas de espera de manera eficiente y sostenible.
Otro punto que merece atención es la creciente fragmentación del financiamiento en salud, causada por la creación de leyes específicas para ciertas enfermedades, como la Ley TEA. Si bien estas leyes aportan recursos para patologías concretas, olvidan la necesidad de garantizar un funcionamiento mínimo y estable de los establecimientos de salud para cubrir todas las enfermedades. Debemos recordar que, aunque algunas patologías reciben atención prioritaria, muchas otras también requieren recursos adicionales para asegurar su cobertura y tratamiento.
En este Día del Hospital, como trabajadores y trabajadoras del sistema público de salud decimos que el horizonte de la Ley de Presupuesto 2025 debe centrarse precisamente en la actualización y modernización del sector hospitalario. Si bien los anuncios sobre el fortalecimiento de programas preventivos y de pesquisa son positivos, no podemos seguir permitiendo que un porcentaje tan elevado del gasto se destine a la compra de servicios privados, sobre todo cuando este gasto se ha demostrado ineficiente.
La verdadera transformación del sistema de salud chileno pasa por invertir en nuestros hospitales públicos, mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar que todos los chilenos y chilenas tengan acceso a una atención digna, eficiente y oportuna.
