Cada 23 de junio se conmemora alrededor del mundo el Día Internacional De Los Servicios Públicos, fecha que también celebramos en nuestro país, pero siempre con un sabor agridulce. En Chile existen 156 servicios públicos que coexisten con servicios privados y/o tercerizados. Ejemplos de éstos últimos son los servicios básicos como la electricidad, agua y el trasporte, que solían ser de carácter público, pero en el periodo de dictadura cívico-militar y en algunos gobiernos de vuelta a la democracia fueron privatizados, pese a que en casi todas partes del mundo pertenecen al Estado.
Cabe preguntarse, entonces, ¿Por qué es importante que los servicios y derechos básicos como salud, educación, electricidad, transporte, agua, entre otros, sean públicos? Principalmente, porque son áreas estratégicas para el funcionamiento de un país. Los servicios públicos de calidad son el mejor medio para construir sociedades equitativas, sostenibles y democráticas, por ello es que nuestra necesidades básicas no deben ser un bien de consumo, sino derechos fundamentales.
¿En que afecta a la población la privatización de los servicios? Indudablemente en el aumento de los precios, con lo cual se obtiene como resultado un aumento en el costo de vida. Esto tiene un efecto más poderoso en los sectores más pobres que destinan una proporción mayor de sus ingresos para financiar dichos servicios básicos. Así, las privatizaciones estarían estimulando un aumento de la brecha entre ricos y pobres.
¿Y qué con la salud? En Chile el derecho a la protección y recuperación de la salud no está garantizado, coexistiendo dos sistemas de salud: uno público, asegurado por Fonasa, en donde se atiende el 80% de la población; y uno privado, asegurado por las Isapres, en donde se atiende el 20% restante. En ese contexto, el derecho a la salud se trasforma en un bien de consumo, en donde los fondos públicos son traspasados a entidades privadas con el único fin de enriquecer los bolsillos de los más ricos y seguir desmantelando el sistema público, afectando directamente a los sectores más vulnerables.
Con el argumento falso de la libertad de elección, en realidad se consagra el acceso a una salud de estándares internacionales para quienes pueden pagarla, versus un sistema colapsado y en permanente déficit de infraestructura, personal e insumos para la gran mayoría de las y los chilenos que no pueden optar por la salud privada. En resumen: una salud para pobres y una salud para ricos.
Bajo la premisa de que la salud es un derecho humano fundamental, cuyos principios son la no discriminación, disponibilidad, accesibilidad, calidad y universalidad, consideramos urgente un cambio estructural en nuestro sistema sanitario.
No al desmantelamiento del Estado, sí a la salud pública como un derecho, sí a los servicios públicos de calidad.
