Durante estas últimas semanas hemos asistido a un espectáculo triste de nuestras autoridades. A la ceguera ideológica que ha llevado a un pésimo manejo de la pandemia de COVID-19, con los enormes costos humanos, sociales y económicos que sigue trayendo a nuestro país, se suma una deriva autoritaria que ha dejado al descubierto la defensa irrestricta de los grandes intereses económicos ante las justas exigencias del mundo social por mayor bienestar.
Así, en medio del desastre de la pandemia, el Gobierno se ha empeñado en impulsar iniciativas represivas y que concentran poderes en el Ejecutivo, junto con orientar el manejo de la crisis sanitaria desde una perspectiva policial. En esa línea han forzado una y otra vez el trámite de la Ley de Inteligencia y la Ley de Protección de Infraestructura Crítica, ambas criticadas por organismos nacionales e internacionales por su contenido. Su obstinación por tramitar rápidamente estas leyes, aprovechando la ausencia de una oposición social por las medidas de confinamiento, les ha llevado incluso a intervenir en el Congreso, impulsando mediante sus parlamentarios censuras a diputados que no están de acuerdo con dejar pasar estas peligrosas ideas.
Asimismo, hace unos días el Presidente Piñera salió con toda su puesta en escena y poder mediático a rayarle la cancha al Congreso a partir de la tensión que ha generado en el oficialismo la presentación y apoyo de parlamentarios de Chile Vamos a mociones presentadas por la oposición; las que, a juicio del Gobierno, exceden las facultades del Parlamento. La mayoría de estos proyectos pretenden generar ayudas sociales, sancionar abusos o regular actividades comerciales. Ante ellos, el Ejecutivo una y otra vez a puesto sobre la mesa la supuesta inadmisibilidad por incurrir en gasto fiscal, atrincherándose en los resquicios autoritarios de la Constitución de 1980 para negar cualquier medida en beneficio de la población.
Casos como el Postnatal de Emergencia y el veto ingresado en contra de la Ley que impide el corte de servicios básicos, ya aprobada con el Congreso, demuestran que las autoridades no están dispuestas a ceder ni el dinero ni la iniciativa política, aún si ello significa mantener en la incertidumbre a millones y tensar al máximo el Estado de Derecho y la separación de poderes. Mientras tanto, presentan supuestas ayudas que son insuficientes o derechamente regresivas, como los ya famosos créditos para la clase media, con los cuales pretenden seguir endeudando a una población ya sobrepasada por tener que recurrir a préstamos para poder vivir.
Sin embargo, esta actitud egoísta, déspota e interesada del Gobierno no les ha salido gratis, y eso se demostró ayer 8 de julio cuando la Cámara de Diputados, con votos del mismo oficialismo, logró aprobar un histórico proyecto para que las personas puedan retirar el 10% de sus fondos de pensiones con el fin de hacer frente a la crisis. Si bien todavía queda mucho trámite legislativo, esta primera señal es una ganada al abrir la puerta no solo para que muchas personas tengan un ingreso extra en estos momentos de crisis, sino para poner en cuestión todo el modelo de AFP.
Quizás esto sea lo que más miedo le da al Gobierno, que ayer desplegó una inédita campaña de lobby y presiones a sus mismos parlamentarios para que rechazaran la iniciativa, mientras desde el Ejecutivo, el gran empresariado y las mismas AFP iniciaban una campaña del terror cuyo principal argumento es el efecto sobre las futuras pensiones. Sin embargo, la gran mayoría de la ciudadanía y, esta vez, de la Cámara, sabe que detrás de esos argumentos falaces se esconde la defensa con uñas y dientes del negocio de las AFP y el dinero fresco que usan las grandes empresas de nuestro país para maximizar sus ganancias. Por ello, la votación de ayer se presenta como un hito político para, de una vez por todas, abrir un forado en el hasta ahora blindado modelo previsional legado por la dictadura.
Después de la jornada de ayer, tenemos a un Gobierno que vuelve a quedar en evidencia ante la ciudadanía como agente defensor de los grandes intereses empresariales, mientras los contagios y muertes por COVID-19 siguen subiendo en cientos todos los días.
Si realmente se quiere derrotar la pandemia y construir un nuevo Chile, estas actitudes autoritarias deben quedar de lado. Una vez más el proceso constituyente que debe iniciarse con el plebiscito de octubre toma relevancia, no solo para asegurar derechos sociales, sino también para ampliar nuestra democracia. Una de las principales lecciones de la guerrilla Ejecutivo versus Parlamento que hemos visto en estas semanas es que la soberanía debe acercarse cada vez más a su dueño natural, es decir el ciudadano o ciudadana. Una constitución excesivamente presidencialista, que conserva numerosas disposiciones autoritarias, tiene sus días contados. De eso nos encargaremos el conjunto mayoritario de los chilenos y chilenas, cuando nos llegue la hora del Apruebo y de la Convención Constitucional.
