A lo largo de 2024, y al igual que en años anteriores, hemos sido testigos de numerosas comisiones técnicas que buscan elaborar propuestas para una reforma al sistema de salud de Chile. Sin embargo, ninguna de estas instancias ha derivado en un proyecto de ley concreto, y mucho menos en un cambio estructural del sistema, que permanece prácticamente intacto en sus bases desde su configuración en 1986.

La situación actual es, a lo menos, desalentadora. Nos encontramos ante un Congreso desalineado del Ministerio de Salud, con espacios de trabajo paralelos y un abuso de comisiones técnicas que carecen de respaldo político y social. Además, la industria privada, con un brazo fortalecido, ha logrado alinear a todos los poderes del Estado en su favor, generando un estancamiento legislativo que es fruto de una profunda polarización.

En este contexto, la obligación del Ejecutivo de presentar un proyecto de Ley para el 1 de octubre no ha cambiado el panorama, sino que ha mantenido la inercia de los últimos dos años, poniendo el foco casi exclusivamente en la estabilización de las Isapres. Según la información que ha trascendido en la prensa —dado que no ha habido una declaración explícita por parte del Ministerio de Salud— el camino elegido sería revivir un proyecto del segundo gobierno de Sebastián Piñera, una estrategia similar a la utilizada en la reforma de pensiones.

Optar por este camino presenta riesgos evidentes. Las propuestas de reforma parcial al sistema tienden a centrar el enfoque en mejorar las condiciones de aseguramiento únicamente para los usuarios de Isapres, quienes generalmente enfrentan menores riesgos y necesidades de salud. Esto no solo posterga las necesidades de la población de Fonasa —quienes objetivamente enfrentan barreras de acceso a la salud más acuciantes— sino que también perpetúa la segmentación y discriminación, identificadas como algunos de los mayores problemas del sistema.

A esto se suman las dudas razonables sobre los efectos cruzados entre ambos sistemas, particularmente después de observar la fuerte migración de pacientes desde Isapres a Fonasa debido a la crisis en el sector privado. La implementación de una reforma parcial podría hacer que se pierda la ventana de oportunidad a nivel nacional para una reforma integral, postergando así la posibilidad de mejorar de manera sustancial la situación de salud de toda la población.

La discusión debe enfocarse en resolver las problemáticas más profundas de nuestro sistema de salud, tales como el elevado gasto de bolsillo, la segregación entre el sistema público y privado, y la necesidad de restituir la solidaridad y universalidad como valores esenciales. Existen ya los primeros pasos para ello. La reforma para la Universalización de la Atención Primaria y la generación de una nueva modalidad complementaria de Fonasa parecían sentar las bases para un cambio mayor en el sistema.

Sin embargo, es imperativo que el diseño de esta reforma no sea una labor exclusiva del gobierno. Todos los actores relevantes del sector salud deben participar activamente en la formulación de políticas que definirán el futuro de nuestro sistema sanitario. Las y los trabajadores de la salud, las agrupaciones de pacientes y colegios profesionales deben tener un rol protagónico. Nosotros y nosotras, quienes estamos en la primera línea de atención, entendemos mejor que nadie las carencias y desafíos del sistema. Nuestras voces deben ser escuchadas para asegurar que las soluciones planteadas sean realistas, efectivas y verdaderamente centradas en las necesidades de la población.

Además, la reforma no puede limitarse a buenas intenciones, por lo que es crucial establecer una nueva estructura de rectoría para el sistema de salud. Proponemos la creación de un organismo representativo de todos los sectores involucrados en la salud, que no solo supervise la implementación de la reforma, sino que también garantice que las decisiones se tomen de manera inclusiva y equitativa. Este organismo debe tener la capacidad de coordinar los esfuerzos entre los sectores público y privado, asegurando que los recursos sean distribuidos de manera justa y eficiente.

Tampoco podemos hablar de una verdadera reforma sin un compromiso serio con la reinversión en el sector público de salud. Como hemos destacado en nuestra carta al Presidente de la República, el desfinanciamiento crónico del sector público ha llevado a una situación insostenible, donde menos del 50% de las horas médicas están disponibles para atender al 80% de la población. Esto es una muestra clara de la desigualdad que afecta a nuestro sistema y que debe ser abordada con urgencia.

La modernización de la infraestructura sanitaria, la mejora en las condiciones laborales del personal de salud y la inversión en tecnología y digitalización son fundamentales para elevar la calidad de la atención en el sector público. Además, cualquier incremento en el presupuesto de salud debe priorizar la atención primaria, que es la base para un sistema de salud robusto capaz de atender las necesidades de toda la población.

La oportunidad para avanzar hacia un Seguro Único de Salud, con un Fondo Solidario que incorpore los principios de seguridad social, está al alcance de la mano. Esta es la dirección en la que debe orientarse la reforma que el Gobierno presentará al Congreso, y no debemos conformarnos con menos. Las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para el futuro de nuestro sistema de salud y para la vida de millones de chilenos y chilenas.

Es el momento de actuar con responsabilidad y visión de futuro. Como gremio seguiremos luchando para que esta reforma sea realmente transformadora y responda a las necesidades de la población, asegurando que todos tengamos acceso a una salud de calidad, sin distinciones ni privilegios.