Este martes 20 de febrero, el Diario Oficial detalló el alza al que estarán sujetos los planes de isapres como consecuencia de la aplicación del Índice de Costos de la Salud (ICSA), lo que se traducirá en un nuevo impacto en el bolsillo de los usuarios de salud privada.
En concreto, la Superintendencia de Salud estableció en un 7,4% el máximo aumento que pueden realizar las aseguradoras a sus planes a contar de marzo, lo que en la práctica implica que este puede incrementarse en casi el triple en comparación con 2023, cuando el porcentaje del alza fue de 2,6%.
Desde el parlamento las reacciones no se hicieron esperar. Incluso, fue catalogado por el senador Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud del Senado como “un golpe bajo a los usuarios” y una medida que “da la sensación de impunidad frente a la justicia”.
La indignación no es para menos. Políticos de todos los sectores, parlamentarios y el mundo académico ligado a la salud por años han sido testigos de cómo las Isapres han mantenido sus privilegios a costa de generar una segmentación y discriminación en el sistema de salud.
En tanto, éstas han experimentado un aumento sostenido de sus ganancias en todos los años previos, mediante el traspaso de los costos a sus cotizantes. La tasa de crecimiento real de las primas totales per cápita ha sido de 5.2% al año, y desde 1990 se ha elevado 3.5 veces. En el mismo periodo, no sólo la cotización voluntaria ha aumentado 8 veces, sino que también ha existido una tendencia a la disminución de las tasa de reembolso promedio del sistema a sus afiliados. De hecho, hasta el año 2021, las utilidades de las Isapres ascendían a $1.3 billones de pesos.
El sorpresivo anuncio de la Superintendencia de Salud se da en el contexto de la discusión de la ley corta de isapres, que se retomará en marzo y que busca viabilizar la sentencia de la Corte Suprema del 30 de noviembre de 2022 que mandató a las ISAPREs a aplicar la nueva tabla de factores de riesgo a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, que se encuentra en su etapa final de discusión en la Comisión de Salud del Senado.
Esto no es menor. El fallo de la Corte Suprema fue visto como una oportunidad para poner sobre la mesa la reforma del sistema de salud para alcanzar una mayor equidad, además de regular en lo inmediato un problema histórico del sistema de las Isapres que no había encontrado su solución política.
Esta ausencia de soluciones políticas la han pagado por décadas, en primer lugar, las y los afiliados al sistema de Isapres que han sufrido una discriminación por riesgo, y en segundo lugar, el sistema de aseguramiento público de Fonasa, que termina recibiendo a la población discriminada del seguro privado, asumiendo todos los costos de los sectores con mayor riesgo.
Pese al histórico fallo de la Corte Suprema, de continuar por el camino trazado esta semana por la Superintendencia de Salud, el costo de seguir con el fracasado modelo de las Isapres, creado en 1981 durante la dictadura militar, lo seguirán pagando todos los chilenos y chilenas.
