En abril 2019, el entonces ministro de Salud del segundo mandato de Sebastián Piñera decía que era “incomprensible” el alza en el precio de los planes de cuatro Isapress. El ex-ministro de Salud Emilio Santelices reforzaba esa afirmación con la frase “el cascabel al gato se lo va poner esta nueva Ley de Isapres”, en alusión al proyecto que presentaría al Congreso. Pasados ya cuatro años, podemos decir que la solución política al problema del alza de los planes nunca llegó. Muy por el contrario, las aseguradoras privadas lograron convencer a gran parte del sistema político con la idea de que “no se puede dejar caer a las Isapres”, desafiando el fallo histórico de la Corte Suprema que ordenó devolver los cobros en exceso desde el 2019 a los afiliados.

En abril del 2019, el senador Francisco Chahúan afirmaba que “hay que investigar si hay colusión, puesto que hay cinco Isapres que resolvieron aumentar drásticamente los planes de salud de 4 millones de chilenos, queremos insistir al gobierno cumplir la palabra empeñada”. Ahora, en el 2023, una vez conocidos los montos que las Isapres deben devolver, las aseguradoras declararon que “lo presentado no da viabilidad a las Isapres… Sería una lápida para el sistema”. En este escenario, el senador Chahúan declaró “Insistimos que el Gobierno a través del Ministerio de Salud, debe apresurar las medidas para enfrentar la crisis de las Isapres y proteger a los 3 millones de chilenos presentes en el sistema privado de salud”.

Esta simple comparación de los discursos con dos años de diferencia, permite apreciar la capacidad que han tenido las Isapres para moldear el debate público. Si el 2019 se hablaba de defender a los afiliados de los cobros en exceso de las Isapres, en 2023 se asimila a las aseguradoras privadas con los afiliados para condicionar su existencia a la protección de estos últimos. Nadie le ha puesto el cascabel al gato.

Una historia de privilegios a costa de la salud

Esta habilidad de las Isapres tiene su fundamento en las óptimas condiciones que tuvieron para su desarrollo bajo el amparo de la dictadura militar, siendo creadas en 1981 como seguro privado de salud con características únicas en el mundo. Son instituciones privadas en su administración y en la apropiación de las utilidades, a pesar de que son financiadas por los fondos públicos correspondientes a la cotización obligatoria de seguridad social en Chile. Característica que sigue siendo una excepción a los seguros privados de salud de otros países. Además, les otorgaron la libertad para establecer reglas de cobertura y admisión de afiliados, de poder  excluir a personas con enfermedades pre-existentes,  y de realizar un filtro de sus afiliados para quedarse con los de menor riesgo.

Con estas ventajas, las Isapres dieron pie a uno de los principales problemas de nuestra salud en el periodo de los gobiernos de la Concertación: La dualidad del sistema. Es decir, la coexistencia de un sector público y uno privado, con objetivos y prácticas opuestas, y con una fuerte inequidad en su financiamiento. En este marco, el sector privado creció a expensas del aparato estatal  en cantidad  y solvencia de afiliados.

Los frustrados intentos de reforma

En el año 2002, el Ministerio de Salud presentó una propuesta de trabajo para modificar las Isapres, la cual indicaba: “Los actores privados deben estar subordinados a las políticas pública., Diagnóstico: Cotizan, en promedio, el 9,1% de la renta imponible. Hay 48 mil planes vigentes. Son 14 Isapres abiertas de las cuales 6 cubren más del 75% de los beneficiarios- Los gastos en administración y venta consumen el 17,7% de los ingresos. Tienen críticas de los usuarios…”.

La propuesta del Ministerio incorporaba atribuciones a la Superintendencia de Isapres para calcular y difundir los índices de precios y de calidad de rentabilidad y gastos administrativos de las Isapres, además de instaurar una tabla única de factores de cada Isapre y un listado único de prestaciones.  La propuesta buscaba ser una solución a la desregulación de los seguros privados y presentaba otros componentes relevantes, como la creación de un Fondo Solidario que agrupara las cotizaciones de todos los afiliados, dando mayor equidad financiera al sistema.

La respuesta de las aseguradoras privadas no tardó: rechazaron tajantemente la medida. Durante la tramitación de la reforma en el Congreso, se reconoció que la segregación de las cotizaciones contribuye a la inequidad del sistema. A pesar de esto, las Isapres lograron alinear al poder económico y político, generando que el Gobierno retirara del proyecto de Ley la creación del Fondo Solidario.

La reforma tampoco logró limitar las libertad de las Isapres para determinar los factores de las tablas de cálculo de precio de los planes, pudiendo mantener la discriminación de afiliados y subir los precios por riesgo. Mantenían su capacidad de “descreme” de afiliados.

Al no resolver los problemas principales, la reforma fue ineficiente. En 2010 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores de riesgo usada por las Isapres para discriminar por edad y género. Esta decisión sería la que marcó el inicio de la discusión actual. Las Isapres mantuvieron sus tablas y se abrió un periodo de alza de demandas de los afiliados por cobros discriminatorios donde en la mayoría de los casos el poder judicial dio la razón a los afiliados.

Esta situación, una vez más, no tuvo solución en el marco del debate político. En el segundo gobierno de Michelle Bachelet se creó una comisión asesora presidencial que en 2014 propuso nuevamente la creación de un Fondo Mancomunado Universal para romper la segmentación e introducir solidaridad en el sistema, financiando prestaciones universales. Además, se acordó un Plan de Seguridad Social con regulación de precios por ley, evitando la discriminación en las Isapres.

Solo los representantes de las Isapres se restaron de participar de la instancia. El informe final del consejo asesor no terminó en ninguna reforma al sistema de salud.

Perspectivas ante el fallo de la Corte Suprema

Gobiernos de todos los sectores políticos, parlamentarios y el mundo académico ligado a la salud por años han sido testigos de cómo las Isapres han mantenido sus privilegios a costa de generar una segmentación y discriminación en el sistema de salud. El fallo de la Corte Suprema que obligó a cambiar la tabla de factores de riesgo para el cálculo de la prima, y devolver los cobros en exceso desde el 2019, parece asomar como la última esperanza para poner un freno a la desregulación de las Isapres.

Sería una mala señal para el país y para el valor de la democracia que las Isapres lograran evitar el cumplimiento del fallo a cabalidad. Debería ser un acuerdo de todo los sectores involucrados la necesidad de que este fallo no termine en un arreglo político para su cumplimiento, y se transforme en una oportunidad para terminar con la dualidad del sistema de aseguramiento de salud y la existencia de un seguro con características que lo ponen más cerca de un seguro comercial que de uno social. De caso contrario, se seguirá subsidiando un problema del sistema de salud que se arrastra desde inicios de la transición, y que es probablemente el escollo más importante para avanzar en un mejor acceso al derecho de la salud.

El horizonte estratégico de la creación de un Fondo Universal Solidario es un camino correcto que ha sido planteado en múltiples gobiernos, así como en comisiones de expertos y expertas, además de estar presente en el actual programa de gobierno. Algo positivo para llegar a este horizonte son las medidas de fortalecimiento de la Superintendencia de Salud para la regulación de las Isapres y la propuesta de modificación de Fonasa para comenzar a atraer a los afiliados de los seguros privados. Ambas presentadas por el Ministerio de Salud en múltiples instancias.

El fallo de la Corte Suprema y la posterior crisis de las Isapres son una oportunidad para que el sistema político dé una señal clara de independencia y visión país, abriendo un proceso que apunte a mayor equidad en la salud de Chile. La dualidad de sistemas ha demostrado una y otra vez su fracaso, por lo que no hay excusas, sino solo la necesidad de voluntad política para poner la salud de las personas por sobre los intereses individuales.