Hoy 12 de julio se cumplen 24 años desde la despenalización de la sodomía en Chile, un avance enorme en el respeto y fin a la discriminación de las distintas identidades y orientaciones sexuales. Sin embargo, esta conmemoración se hace en un momento en que las actitudes homofóbicas de un sector político se vuelven a expresar de manera brutal a partir de una injusta acusación constitucional. Ante este panorama, vale hacer un recuento histórico y de los últimos hechos.
Según el sitio “Memoria Chilena” de la Biblioteca Nacional de Chile, en 1875 comenzó a regir el Código Penal chileno, cuyo Artículo 365 tipificaba la sodomía como delito, señalando que «el que se hiciere reo del delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio». Es decir, quienes fueran acusados de sodomía podían ser encarcelados hasta por tres años.
La despenalización de la homosexualidad en Chile tuvo lugar más de cien años después, el 12 de julio de 1999, cuando entró en vigencia la Ley 19.617 que modificó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales, eliminando la referencia a la sodomía como delito.
No son muchos años los que han pasado desde aquel histórico 12 de julio de 1999 y, sin embargo, la sociedad chilena ha logrado un avance que se puede reconocer como pequeño pero significativo. Así queda demostrado en los resultados de encuestas como la Bicentenario de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la CEP y Criteria Research; que en 2018 mostraban el apoyo ciudadano al matrimonio de parejas homosexuales en iguales condiciones que el matrimonio de parejas heterosexuales. Siguiendo esta tendencia, el 10 de marzo de 2022 entró en vigencia la Ley 21.400 que otorga acceso igualitario al matrimonio en personas del mismo sexo.
Un año después de la promulgación de la ley, asume como presidente Gabriel Boric, quien convoca a su gabinete al ministro de Educación Marco Antonio Ávila Lavanal, profesor de Castellano y hombre cis homosexual. En mayo de este año, el diputado del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), Sergio Bobadilla, dice que entienden la inclinación sexual que puede tener el ministro, pero lo que no entienden es que la ponga como prioridad en los temas educacionales de nuestro país. Gustavo Benavente, correligionario de Bobadilla, remata diciendo que “[el ministro] está poniendo por sobre una educación sexual para todos los niños su propia orientación y eso no corresponde”. Todo esto como reacción virulenta a la presentación hecha el 17 de mayo de 2023 por parte del Mineduc de las “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo chileno”. Una iniciativa que, por lo demás, no es más que la actualización de orientaciones ya existentes.
El pasado 19 de junio, las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz, del Partido Social Cristiano, presentan la acusación constitucional en contra del ministro Ávila. Hace unos días, dentro de las audiencias para la mencionada acusación, es invitada a declarar la directora del “Observatorio Legislativo Cristiano” y ex vocera del denominado «bus de la libertad», Marcela Aranda. Entre sus declaraciones indicó que el ministro Ávila “y su activismo LGBTIQ+ ha superado el límite de lo privado” y que “el ministro debe dar explicaciones si es que su condición impide o afecta, de alguna manera, la ejecución de su cargo o vulnera la ley”. Para Marcela Aranda, activa asesora de las y los parlamentarios de derecha, nuestra “condición” puede ser constitutiva de faltas al cargo o, incluso, delito.
Aranda es conocida por declarar que organismos internacionales como la ONU, OEA y CEPAL “pertenecen al anticristo” y que los Derechos Humanos se deben combatir, también por rechazar y abandonar a su hija trans, según la valiente confesión de la misma Carla González Aranda. Ayer 11 de julio, la diputada de Renovación Nacional, María Luisa Cordero, trata al titular de Educación de “nauseabundo”, “asqueroso”, “gordito” y lo acusa de promover de manera “perversa” la “anticipación y desarrollo sexual de escolares”. También el martes, esta vez durante la mañana, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados rechaza la Acusación Constitucional en contra del ministro Ávila que se vota hoy por el pleno de la cámara. Los votos en contra de la acusación constitucional fueron de los diputados oficialistas Tomás Hirsch (Acción Humanista), Juan Santana (Partido Socialista) y Héctor Ulloa (Independiente PPD). A favor votaron los diputados de oposición Gloria Naveillán (Comité Social Cristiano e Independientes) y Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional).
Este 12 de julio del 2023, 145 años después de que la homosexualidad fuera condenada como delito y solo 24 años después de su despenalización, esperamos el resultado de una acusación sin fundamentos técnicos ni políticos, pero que contiene todos los prejuicios y agresiones de un sector que llegó al Congreso con la firme resolución de dañar los avances en materias de derechos civiles y, a su vez, el bienestar de poblaciones vulneradas por esos mismos prejuicios, como la LGBTIQA+.
Como Confederación Fenpruss esperamos que esta acusación sea rechazada y registrada como otro de los intentos abyectos de un sector político -que no responde al apoyo de la mayoría del país- de profundizar el daño realizado a toda persona con una identidad sexual diferente de la que ellos y ellas pretenden imponer a fuego. En especial, esperamos que esta acusación sea rechazada para evitar así un daño mayor a niñas, niños, niñes y adolescentes LGBTIQA+, quienes sufren las consecuencias tempranas de la instalación de discursos de odio y discriminación. Paradójicamente, aquellos niños, niñas y niñes que el sector político acusador dice “poner primero”.
Comité LGBTIQA+
Confederación Fenpruss
