Durante las últimas semanas hemos visto cómo los casos de COVID-19 se han disparado en nuestro país, llegando a los más altos niveles registrados, en gran parte a causa de la variante Omicron. Ante este escenario, como Fenpruss expresamos nuestra preocupación por la forma en que esta nueva ola de contagios se está manejando desde la autoridad, que hoy profundiza políticas y medidas erradas que ponen en riesgo a la población.
Nos hemos sorprendido de las declaraciones de personeros/as del Gobierno relajando las medidas de precaución ante el nuevo brote, insistiendo en instalar la idea de que el virus ya no es un peligro real. Lo cierto es que pese al masivo proceso de vacunación que reduce drásticamente el riesgo de desarrollar síntomas graves o fallecimiento, el virus sigue siendo muy peligroso para la población de riesgo: tercera edad y personas con enfermedades de base; además del porcentaje del país que insiste en no vacunarse pese a las evidencias científicas. A eso debe sumarse que todavía no conocemos las secuelas de la variante Omicron.
También las y los trabajadores de la salud advertimos hace meses lo irresponsable que fue terminar con el financiamiento extra para realizar labores de testeo, trazabilidad y aislamiento, así como el término de funciones de una gran cantidad de personal de refuerzo COVID en nuestros establecimientos. Esas pésimas decisiones nos tienen hoy enfrentando la nueva ola con una atención primaria disminuida, seremis de salud sin capacidad para realizar trazabilidad, y recintos de salud sin personal ni recursos suficientes para atender y realizar exámenes PCR a las miles de personas que están llegando con síntomas a las urgencias y consultorios.
Ante esta situación, el Gobierno ha optado por profundizar la desprotección, llamando a las personas a realizar ellas mismas su propia trazabilidad e identificar sus contactos estrechos. También niegan la posibilidad de licencia médica a quienes estén esperando resultados de PCR, prácticamente obligando a que muchas personas sean vectores de contagio en sus lugares de trabajo.
Como profesionales de la salud, que llevamos casi dos años combatiendo la pandemia y poniendo el hombro incluso en los peores momentos, no podemos callar ante la irresponsabilidad de las autoridades. Hoy no existen las condiciones sociales y legales para cuarentenas estrictas como las que tuvimos durante mucho tiempo, pero sí es deber del Estado procurar la seguridad de las personas a través de una política de testeo, trazabilidad y aislamiento masiva, a cargo de las instituciones públicas respectivas, con financiamiento y personal adecuado. De no llevarse a cabo, enfrentaremos el mes de marzo no solo con un nuevo Gobierno, sino con hospitales colapsados y muertes que no pueden normalizarse solamente por ser menos que las del 2020.
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
