Durante el 2018 el Hospital Clínico de Magallanes contrató a un profesional oncólogo que se encontraba formalizado por actos de connotación sexual hacia pacientes en la Clínica Las Condes de Santiago, motivo por el cual fue despedido de esa institución.
Los antecedentes del médico llevaron a la base Fenpruss local a solicitar que se alejase al acusado de la atención directa de pacientes, al mismo tiempo que se cuestionaba su contratación a la luz de los antecedentes disponibles. La preocupación de la organización fue manifestada al director del Hospital en reunión y también a través de cartas, solicitando medidas preventivas para evitar cualquier tipo de daño a las y los usuarios.
“Nosotros queríamos proteger a las y los usuarios mientras durara la investigación sobre este médico y no tuvimos una buena respuesta. Sabíamos que legalmente no habían impedimentos para su contratación, pero sí temas éticos y preventivos que nos hacen dudar sobre lo conveniente de tener a esta persona atendiendo usuarios. Finalmente sólo obtuvimos una respuesta jurídica que señalaba que él no tenía impedimentos para atender al no estar finalizada la investigación”, relata Carmen Leiva, presidenta de Fenpruss Magallanes.
La respuesta negativa de la dirección del Hospital hizo que las dirigentas locales recurrieran al Sernameg, a la Seremi de la Mujer, a la dirección del Servicio de Salud Magallanes y al Ministerio de Salud; obteniendo respuestas favorables sólo en la primera instancia nombrada.
Es en ese contexto cuando surge una nueva denuncia hacia el profesional por abuso sexual, esta vez a una paciente postrada que recibió la visita del médico en su casa. “La indignación es grande porque nosotros habíamos advertido esto y solicitado al Hospital que aplicara medidas preventivas, lo que no se hizo. Tuvieron que esperar un caso para recién hacer algo, y ni siquiera fueron ellos, sino el Servicio de Salud el que condenó públicamente el hecho e inició un sumario”, indicó Leiva.
Efectivamente, luego de la segunda denuncia el Servicio de Salud Magallanes instruyó un sumario administrativo para investigar la situación y suspendió de sus funciones al médico. Los antecedentes fueron derivados también al Ministerio Público, que inició una investigación judicial.
“A nosotros como gremio nos preocupa bastante la prevención del acoso laboral, sexual y el maltrato, y no sólo a las los trabajadores, sino también a las y los usuarios. Mientras sepamos actuar preventivamente, tendremos menos daño físico y psicológico hacia los usuarios y compañeros de trabajo”, agregó la dirigenta.
Leiva además señaló las dificultades administrativas que tienen las personas al momento de denunciar este tipo de actos: “Ante cualquier problema, los usuarios solo pueden acudir a la OIRS, que no es un camino adecuado para acoger a quienes sean víctimas de violencia sexual. Por lo mismo, cuesta mucho que las y los usuarios denuncien este tipo de actos, considerando además la confianza que le tienen a los médicos y profesionales de la salud y la dependencia que generan”.
