La revuelta popular o “estallido social”, como le llaman los medios, dejó más de treinta muertes, más de 400 personas con daños oculares y más de dos mil presos y presas políticas, muchos de ellos y ellas ya cumplieron un año de presidio o están por cumplir ese tiempo en prisión.

El pueblo, ese que luchó junto a ellos y ellas no solo en la Plaza Dignidad sino en todo el país, no les ha olvidado, y ha luchado y sigue luchando por su liberación. Han sido meses ya exigiendo su libertad ante la inexistencia de pruebas, los montajes comprobados y más de medio año de pandemia que impidió a esas y esos prisioneros, en su gran mayoría jóvenes, ser visitados y acompañados por sus familias.

La clase política, en cambio, recién comienza a darse cuenta que mantener a esos luchadores sociales como presos políticos puede ser la chispa que haga de nuevo prender la revuelta inconclusa, y ha empezado a buscar una salida. Esa salida se llama Amnistía.

Pero antes de aquello, el Estado debe liberar a las y los jóvenes que mantienen en las cárceles sin pruebas y sin condenas; en una suerte de limbo judicial en el que el Ejecutivo y el Poder Judicial traban y ralentizan decisiones de libertad.

La clase política y su caja de resonancia (los medios de comunicación tradicionales), no así el pueblo, olvidan que, en gran medida, la realización de un plebiscito fue posible gracias a estos y estas luchadoras. Aquellas personas que desde el primer día protestaron con valentía contra un sistema económico y social que perpetúa y profundiza la desigualdad, con una clase política indolente a las necesidades de la ciudadanía y un gobierno que más que otorgar oportunidades, se mofaba del sufrimiento y el esfuerzo del pueblo.

Por eso el pueblo continúa la lucha por la liberación de las y los presos políticos de la revuelta, a pesar de la invisibilización llevada a cabo por el poder político.

Pero como ya se dijo, el Estado se ha visto obligado a buscar una fórmula, aunque el Gobierno de turno sea reacio a ello e insista en tildar de “delincuentes” y “violentistas” no solo a los miles de detenidos sino a todos quienes osan -osamos- protestar y exigir un país mejor. Por eso ya está en proceso de creación un proyecto de Ley de Amnistía por parte de diputados y diputadas de oposición, procedimiento político usualmente utilizado para dar cierre a procesos de disputas sociales, políticas e incluso beligerantes en distintas partes del mundo (incluido Chile, por cierto).

En Fenpruss exigimos celeridad para resolver los miles de procesos judiciales estancados, utilizando los estándares más altos de ética y probidad en el proceso probatorio. Apoyamos una amnistía para quienes, luego de un juicio justo e imparcial, hayan sido condenados en circunstancias de la revuelta, más aún luego de observar las elevadas condenas que ya se han conocido para los primeros juzgados. Ninguno de los actos de estas y estos prisioneros ha llevado consigo muertes de inocentes, pues los muertos corren por parte del Estado en contra del  pueblo movilizado.

A más de un mes de un triunfo sólido e incuestionable del Apruebo y Convención Constitucional, y con toda la clase política y los movimientos sociales anticipando candidaturas constituyentes, ya es hora de reconocer a todas y todos quienes lo hicieron posible.