El sistema de salud presenta problemas históricos que se han agudizado en el último tiempo. Las consecuencias de la pandemia por COVID-19 siguen generando presión al sistema público y privado tanto en su carga asistencial como en su financiamiento. En este marco, la necesidad de una reforma profunda en el sector salud es una situación cada vez menos eludible.
Durante el 2022 y en los inicios del 2023, el debate público se ha centrado en el fallo de la Corte Suprema que obliga a las Isapres a aplicar la nueva tabla de factores de riesgo a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso. Esta situación de incertidumbre sobre la solvencia de las Isapres, sumada a los efectos económicos de la pandemia en la población, ha producido un sostenido aumento de la salida de afiliados desde los seguros privados a Fonasa. El 2022 se registró una baja de 5.3% en los afiliados a Isapres en comparación a diciembre del 2021.
Esta situación nos recuerda que existen efectos cruzados entre el seguro público y los privados en salud. Los problemas del sistema privado afectan al público y, por lo tanto, una reforma que no contemple una visión integrada del sistema, tiene un riesgo importante de no generar una solución oportuna.
En ese sentido, los informes de las comisiones presidenciales en salud de los años 2010 y 2014 proponen reformas estructurales del sistema de aseguramiento en salud, avanzando hacia la universalización de beneficios.
Las propuestas que contemplan una reforma parcial al sistema en general ponen el foco en mejorar las condiciones de aseguramiento solo de los usuarios de Isapres, los cuales, por lo general, son los de menor riesgo y necesidades de salud. Esto posterga a la población de Fonasa, la cual tiene mayores barreras de acceso a la salud. Por ello, estas reformas parciales mantienen la segmentación y discriminación entre la población, que es el principal problema del sistema de salud.
En este sentido, la propuesta de generar una nueva modalidad de atención en Fonasa que ha presentado el Ministerio de Salud en múltiples espacios deja dudas razonables sobre su capacidad de reducir la segmentación y discriminación del sistema. Nuevamente se genera una reforma parcial para los usuarios de Isapres que potencialmente podrían abandonar su aseguradora por la situación de crisis que atraviesan. Esta propuesta contempla generar una modalidad de atención que permita la atención en prestadores privados, bajo mecanismos que aún no son conocidos.
Si la reforma se sitúa como una etapa para avanzar en la conformación de un Fondo Único de Salud, podría ser un adecuado cambio en la dirección de disminuir la segmentación del sistema y aumentar los recursos de Fonasa. Pero si la reforma no se posiciona dentro de un cambio estructural con un horizonte claro, la probabilidad de seguir replicando los problemas del sistema es alta. Estos problemas incluyen la disminución de aporte financiero a los prestadores públicos en pos de comprar prestaciones a los prestadores privados, altos costos de los privados por prestación poco y poco regulados, discriminación entre pacientes en su oportunidad de atención según ingreso, y posibilidad de acceso a las distintas modalidades de atención, entre otros.
Lo que se necesita es una estrategia a largo plazo, con pasos definidos que permitan integrar la serie de reformas parciales que se ha repetido como una fórmula que, gobierno tras gobierno, fracasa en su misión de aumentar la equidad en el acceso a la salud.
