Una afirmación que era consenso mundial ahora necesita ser defendida. El gobierno del presidente Kast pretende priorizar el crecimiento de Chile al mismo tiempo que aplica los recortes más grandes al sector salud desde el retorno a la democracia. Por primera vez desde 1990, el presupuesto vigente del Ministerio de Salud ha sido reducido en términos nominales mediante decreto en plena ejecución presupuestaria, rompiendo una trayectoria de 35 años de crecimiento sostenido del gasto público en salud.
Lo más preocupante no es el monto del recorte: es su justificación. Esta no es técnica ni sanitaria, es ideológica. No hay que ir muy lejos para entenderlo, basta con mirar Argentina. La literatura académica internacional documenta un patrón consistente en los gobiernos de ultraderecha: los recortes al gasto en salud pública no son una respuesta a la estrechez fiscal, sino una política deliberada. El mecanismo es siempre similar: reducir presupuestos invocando la eficiencia, transferir el costo al gasto de bolsillo de las familias, y erosionar la infraestructura pública sin anunciar explícitamente que ese es el objetivo. La evidencia en 25 países de la OCDE confirma que los programas de salud preventiva son las primeras víctimas de la austeridad, precisamente porque sus beneficios son difusos y de largo plazo, poco visibles políticamente y sin grupos de interés que los defiendan con fuerza. En Chile, los recortes a la Atención Primaria, al programa de inmunizaciones y a la vigilancia epidemiológica contemplados en el Decreto N°333 son expresión concreta de ese mismo patrón.
«A veces uno con menos recursos hace más» fue la única justificación que entregó el Ministro de Hacienda por un recorte de $413.193 millones (el 2,5% del presupuesto del Ministerio de Salud) que afecta más de 80 establecimientos en todo el país. La afirmación no resiste el más mínimo análisis. El argumento de la eficiencia supone que existe un margen de holgura en la operación hospitalaria pública: la evidencia dice exactamente lo contrario. Antes del Decreto N°333, los hospitales públicos ya operaban con un déficit estructural: la deuda hospitalaria acumulada alcanzaba los $500 mil millones a marzo de 2025, con casos como el Hospital Van Buren consumiendo el 90% de su presupuesto anual solo en los primeros meses. En promedio el presupuesto es un 20% menor al gasto real de los recintos. Aplicar un recorte adicional sobre un sistema que ya operaba con ese déficit no es buscar eficiencia: es profundizar una crisis preexistente. La segunda parte de la afirmación (que el recorte no afectará la atención directa) es igualmente insostenible: la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que administra directamente los hospitales públicos, absorbió una reducción de $147.715 millones, equivalente al 11% de su presupuesto contemplado por ley. Un recorte del 11% al organismo que gestiona la red hospitalaria afecta los insumos, el personal, los turnos y las cirugías. Decirle a un hospital que opera al límite, con deudas impagas y listas de espera sin resolver, que deberá hacer lo mismo con un 11% menos de recursos «siendo más eficiente», no es una política de gestión: es una contradicción en sus propios términos.
Pero, ¿qué dicen los datos y la evidencia internacional sobre el vínculo entre salud y desarrollo? Según la Organización Mundial de la Salud, cada dólar invertido en salud puede generar hasta nueve dólares de retorno económico. En países latinoamericanos con mayor gasto público en salud, la productividad laboral aumenta hasta un 12%, y la participación femenina en el mercado laboral se incrementa entre 4 y 6 puntos porcentuales. Cada aumento de un punto del PIB en inversión sanitaria genera un retorno equivalente al 0,5% del PIB en crecimiento.
Estos no son argumentos ideológicos: son los mismos criterios de eficiencia que el gobierno dice perseguir.
Las brechas estructurales del sistema de salud chileno hacen aún más grave la dirección que toma esta decisión. Chile gasta USD 3.749 per cápita en salud, frente al promedio OCDE de USD 5.967. Cuenta con 4,4 enfermeras por cada 1.000 habitantes ( menos de la mitad del promedio OCDE de 9,2) y apenas 1,9 camas hospitalarias por cada 1.000 personas, frente a 4,2 en los países de la OCDE. La brecha más reveladora es el gasto de bolsillo: Chile destina el 34,6% del gasto total en salud directamente desde los bolsillos de las personas, ubicándose entre los países de mayor carga individual dentro de la OCDE. Esto no es un dato técnico menor: significa que cada vez que el Estado retrocede en salud, son las familias (especialmente las de menores ingresos) quienes absorben el costo. Un trabajador enfermo que no puede costear su atención no es solo una estadística sanitaria: es productividad perdida, capital humano que se deteriora, crecimiento económico que no ocurre.
Reducir el presupuesto de salud en un país con estas brechas no es eficiencia: es una apuesta por un modelo de desarrollo que históricamente ha fracasado. Los países que lograron salir de sus peores crisis ( la Europa de la posguerra, el Reino Unido de 1948, Corea del Sur tras la guerra de Corea) tomaron la decisión opuesta: invirtieron en la salud de su población como condición previa al crecimiento, no como un lujo que vendría después. Chile no puede construir un país desarrollado sobre una red de salud pública debilitada. Y los profesionales que trabajan en esa red lo saben mejor que nadie.
Existe además un patrón en la forma en que estos recortes se justifican que merece ser nombrado. Uno de los rasgos más consistentes de los gobiernos de ultraderecha es la construcción de una narrativa a partir de casos anecdóticos para legitimar cambios de política de alcance masivo y sin respaldo técnico: el relato de medicamentos perdidos en un hospital se convierte en justificación para recortar a todos los hospitales del país; la historia de un pabellón mal administrado se transforma en argumento para reducir el presupuesto de toda la red. Es la generalización del caso particular como sustituto de la evidencia agregada, una técnica que los investigadores en política sanitaria denominan el uso de la anécdota como munición política, y que tiene el efecto deliberado de desplazar el debate técnico hacia el terreno moral, donde resulta más difícil de rebatir con datos. Frente a este mecanismo, la única respuesta eficaz es la que han demostrado otros países: la articulación organizada del mundo sanitario con la sociedad civil, respaldada por evidencia irrefutable.
En Francia, los profesionales de la salud se sumaron en septiembre de 2025 a una huelga nacional que reunió a más de 500.000 manifestantes contra los recortes presupuestarios, con 18.000 farmacias cerradas en un solo día, en una demostración de que el sector sanitario organizado es capaz de instalar el debate en el centro de la agenda pública.
En el Reino Unido, las huelgas sostenidas del personal del NHS durante años de austeridad conservadora lograron mantener el sistema de salud universal como línea que ningún gobierno ha podido cruzar del todo, a pesar de décadas de presión privatizadora.
La lección es clara: los recortes en salud no se detienen solos. Se detienen cuando quienes conocen el sistema desde adentro (sus profesionales, sus trabajadores, sus usuarios) deciden que la evidencia debe imponerse sobre la anécdota, y que el debate presupuestario es demasiado importante para dejarlo solo en manos de quienes nunca han tenido que esperar en una lista de espera.
