La Confederación Fenpruss lamenta el rechazo de la Corte de Apelaciones de Arica a los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público, la Delegación Presidencial Regional y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en contra de la resolución que decretó el arresto domiciliario total y el arraigo nacional y local de Ricardo Yévenes, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de femicidio de nuestra socia, colega y amiga, Fabiola Vargas Pallauta en diciembre de 2022.
Nos decepciona la resolución de la Corte de Apelaciones de Arica, que con esta decisión revoca la prisión preventiva al imputado, dejándolo con arresto domiciliario. En ese sentido, nos sumamos a las manifestaciones de protestas de diversas organizaciones feministas y también a lo señalado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en el sentido de “evaluar los riesgos que conllevan estas decisiones para las mujeres y las familias de las víctimas».
El sistema jurídico está en deuda con las mujeres
Es sintomático que casi todos los esfuerzos estatales de prevención de la violencia de género se concentran en llamar a las mujeres a denunciar; sin embargo, el Estado no ha sido capaz de asegurarles que no serán revictimizadas, ni que obtendrán el reconocimiento jurídico de su calidad de víctimas y una reparación adecuada.
Por otra parte, en cuanto a los femicidios, estos no han disminuido, a pesar de las reformas y nuevas políticas contra la violencia de género.
Las cifras ciertamente son alarmantes. De acuerdo al informe de la Subsecretaría de Prevención del Delito (2024), en el 2022 se produjeron 322 femicidios frustrados y 120 consumados. En 2023, en tanto, fueron 335 los femicidios frustrados y 101 consumados. Por otra parte, en lo que va de este año, se han producido 17 femicidios frustrados y 4 consumados.
Según el informe del 2021 del Circuito intersectorial de femicidios, al analizar los casos de femicidios frustrados y consumados que se judicializan en el país, un poco más de la mitad no fueron representados por SernamEG, lo cual es se traduce en que el Ministerio Público no ha formalizado estos casos como femicidio consumado, ni como ningún delito.
Otra de las situaciones preocupantes es la tardanza en la resolución de los casos. Según este mismo informe, en promedio, lo casos de femicidio consumado demoran alrededor de 18 meses en su tramitación, situación que prolonga aún más el sufrimiento de las víctimas y la de sus familias.
Esta simple secuencia de datos nos hace reflexionar sobre la necesidad de aumentar los esfuerzos del Estado para ser más eficientes en los procesos judiciales. Por otro lado, es urgente propiciar políticas públicas robustas que permitan prevenir estos delitos contra la mujer.
Como Fenpruss reiteramos nuestra exigencia a la Justicia a que se investigue y se aplique todo el rigor de la ley en el caso de Fabiola Vargas.
Su muerte no debe quedar impune.
SECRETARÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
CONFEDERACIÓN FENPRUSS
