Chile se encuentra nuevamente en un punto de inflexión en materia de salud. La discusión presidencial con miras a las elecciones de noviembre abre una oportunidad, pero también deja en evidencia que seguimos arrastrando problemas estructurales que ningún programa puede ignorar.

El primero de ellos es la crisis presupuestaria crónica: gran parte de los hospitales destina sus recursos a cubrir deudas que se acumularon durante la pandemia, en lugar de invertir en resolver las necesidades de la población. Mientras tanto, los costos asociados a nuevas tecnologías, la mayor longevidad de la población y la creciente carga de enfermedades crónicas siguen aumentando.

Desde lo económico, la OCDE ha sido clara en su diagnóstico: Chile recauda apenas un 20% del PIB en impuestos, muy por debajo del promedio de los países miembros, que bordean el 34%. Con esa brecha de recaudación resulta imposible financiar un sistema de salud moderno y universal.

A esto se suma un segundo problema que, aunque menos visible en las cuentas públicas, amenaza con socavar décadas de avances en salud pública: la desinformación y el avance de discursos anticientíficos en espacios de poder. Lo hemos visto en Estados Unidos, donde el retroceso en vacunación y el debilitamiento de programas como Medicaid han dejado a millones de personas sin protección.

En Chile, el candidato Johannes Kaiser  ha cuestionado abiertamente la eficacia y obligatoriedad de las vacunas, instalando argumentos sin evidencia en el debate público. Kaiser llegó incluso a señalar que las vacunas “funcionan con metales pesados para fijarse al cuerpo” y que los niños reciben “72 dosis en total”, afirmaciones desmentidas de forma categórica por la comunidad científica y que fueron calificadas por autoridades sanitarias como un retroceso peligroso. No se trata sólo de declaraciones: es la antesala de decisiones que pueden poner en riesgo la salud colectiva.

Frente a este panorama, la prioridad no puede ser otra que fortalecer los mecanismos de recaudación fiscal que permitan financiar el desarrollo de un sistema de salud robusto, basado en tecnología, y al mismo tiempo promover una participación social amplia y vinculante que enfrente de manera directa a la anticiencia.

Esto exige, además, cambiar la lógica con la que concebimos el presupuesto sanitario. No podemos seguir discutiendo cada año, en un par de semanas de negociación política, cuánto dinero se asignará a la salud. Lo que el país necesita es una planificación sanitaria de largo plazo, que proyecte las brechas de profesionales y recursos para atender efectivamente las necesidades de la población. Solo así será posible reorganizar equipos, impulsar el intercambio de funciones entre distintos profesionales, mejorar la capacitación continua y fortalecer condiciones de trabajo que permitan la colaboración interdisciplinaria. Sin este giro, toda reforma seguirá quedando a merced de la coyuntura política del momento.

Chile requiere avanzar hacia un sistema de seguridad social en salud, con aseguramiento público universal, financiamiento solidario y un plan explícito de beneficios. Ello debe ir acompañado de una transformación digital interoperable, de una Atención Primaria capaz de resolver la mayoría de los problemas en el territorio, y de una gobernanza en la que trabajadores y comunidades tengan voz vinculante en las decisiones.

La revisión de los programas de los principales candidatos presidenciales muestra, sin embargo, un desfase preocupante entre los diagnósticos y las soluciones propuestas. El de Jeannette Jara es el más ambicioso: un seguro estatal único, fortalecimiento de Fonasa y CENABAST, universalización de la APS y un plan de infraestructura que contempla doce hospitales, veinticinco COSAM y ciento veinte CESFAM en apenas cuatro años. Es una visión estructural y garantista, pero que requiere un plan de sustentabilidad económica y política.

El programa de Evelyn Matthei mantiene el sistema mixto, apuesta por la gestión y la eficiencia, y propone un plan hospitalario 30-30-30 junto a un nuevo GES de medicamentos. Apuestas que no presentan cambios estructurales, y que tampoco definen una hoja de ruta a largo plazo. Finalmente, José Antonio Kast es el más breve y generalista, con una mirada subsidiaria que entrega protagonismo al sector privado y a la familia, pero que carece de densidad técnica para enfrentar los problemas de fondo.

Lo más llamativo es lo que los tres comparten: la ausencia de un debate serio sobre prevención y salud pública, cuidados de largo plazo, preparación frente a pandemias y equidad territorial. En un país que envejece rápidamente, que ya convive con la multimorbilidad y que enfrentará nuevas crisis sanitarias y ambientales, estas omisiones son inaceptables.

La campaña presidencial debe dejar de lado las promesas fáciles y asumir una verdad incómoda: no hay reforma sanitaria posible sin más recaudación fiscal y sin más participación social. El sistema necesita recursos estables, planificación estratégica y trabajadores con condiciones dignas para sostener la atención.

También necesita comunidades informadas y organizadas para frenar la desinformación y defender el derecho a la salud. Esa es la encrucijada que enfrentamos: o seguimos atrapados en la inercia y los discursos simplistas, o nos decidimos a construir un sistema sanitario justo, resiliente y capaz de protegernos a todos sin exclusiones.