El reciente intercambio público entre la ministra de Salud, May Chomali, y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de los recursos para el Presupuesto 2027, dejó una sensación tan amarga como reveladora. Lo que comenzó con un emplazamiento directo a Teatinos 120 durante el lanzamiento de un plan oncológico, terminó en pocas horas reducido a una incómoda retractación: la secretaria de Estado aseguró que sus declaraciones fueron “una suerte de broma” luego de que Hacienda le recordara que los números se discuten “adentro del gabinete”.

Para quienes conocemos y sostenemos la red pública de salud a lo largo de todo Chile, esto no tiene nada de gracioso. Tampoco se trata de una mera disputa mediática o de un gallito de poder entre carteras. La tensión entre Salud y Hacienda es la manifestación visible de una fractura estructural profunda: la persistente subordinación del criterio sanitario a la disciplina de la contención fiscal, mientras la ciudadanía sigue pagando el costo en listas de espera interminables, postergaciones y un gasto de bolsillo que asfixia a las familias.

En Chile, el 90% de la población depende de Fonasa y de la red pública. Sin embargo, la salud lleva años siendo tratada como una variable de ajuste. Cuando hubo que evitar la quiebra de las Isapres tras el fallo judicial, el Estado volcó comisiones y esfuerzos políticos exclusivamente a este tema. Cuando irrumpió la agenda de seguridad, se pretendió condicionar la atención médica a criterios penales. Hoy, cuando la billetera fiscal aprieta, la salud vuelve a quedar en lista de espera. Cada intento de avanzar hacia una reforma real que garantice el derecho y acceso a la salud termina capturado por lógicas ajenas.

La discusión actual no es un capricho sectorial; es una emergencia cotidiana respaldada por cifras contundentes. El propio Informe de Ejecución Presupuestaria a julio de 2026 demuestra que el presupuesto de salud se aprueba subdimensionado y se termina construyendo mes a mes mediante parches administrativos. A julio de este año, la Partida 16 (Salud) ya registraba un avance de 65,7% de su presupuesto vigente, muy por sobre la ejecución del Gobierno Central (57,1%).

La red asistencial gasta más rápido porque la demanda asistencial no se suspende por decreto. El mecanismo de pago por GRD (Grupos Relacionados por el Diagnóstico), que financia la actividad real y los egresos hospitalarios de 80 recintos del país, ya acumulaba a julio un 70,8% de ejecución.

En 72 de los 80 hospitales públicos se sobrepasó el gasto calendario, y establecimientos de alta complejidad como el Guillermo Grant Benavente de Concepción (84,5%), el Hospital de Temuco (83,9%) o el San Juan de Dios de Santiago (83,0%) operan al límite de sus marcos antes de iniciar el último cuatrimestre. En bienes y servicios —insumos clínicos y fármacos esenciales para operar y atender— la red debió ser reforzada en un 24,5% sobre la ley inicial y, aun así, ya consumió el 71,4%. ¿Cómo se pretende contener el gasto sin suspender cirugías o desabastecer pabellones?

Para cuadrar la caja, la tijera fiscal no ha hecho más que mutilar el futuro de la red. Todo el ajuste está recayendo sobre el gasto de capital: la inversión sectorial en salud se desplomó un 28,5% real en doce meses, ejecutando apenas el 27,4% de lo aprobado por el Congreso. Esto no es eficiencia; es postergar la reposición de equipamiento crítico, dilatar obras hospitalarias urgentes y forzar a los equipos de salud a seguir trabajando con infraestructura desgastada al límite de su vida útil.

Además, el fondo de Contingencias Operacionales —el salvavidas con el que Hacienda socorre a los hospitales en emergencias— se encuentra virtualmente vaciado, habiéndose consumido cerca del 85% de su marco inicial, mientras el Gobierno debió recurrir a la liquidación de activos y depósitos a plazo del Tesoro Público para cubrir la operación básica de agosto.

Pretender que esta situación se modifique a puertas cerradas en un salón de palacio, bajo el mandato estricto de la contención fiscal de Hacienda y el silencio disciplinado del Minsal, es dar la espalda a millones de usuarios. Se requiere una discusión amplia, sincera y con perspectiva sanitaria, que recoja y vincule a todos las miradas sobre este problema urgente: recursos suficientes para la mantención operativa del sistema.

La última vez que nuestro país logró una transformación sanitaria de envergadura —la reforma del Plan AUGE/GES hace más de dos décadas— la política fiscal y tributaria se puso al servicio de una meta sanitaria clara. Hoy presenciamos exactamente lo contrario: metas fiscales que definen qué salud es posible tolerar.

Desde Fenpruss decimos con claridad: pedir un presupuesto digno y suficiente para el sector salud en 2027 no es un despropósito ni una broma de ocasión. Es el piso ético mínimo para garantizar la continuidad de la atención pública, proteger a las y los trabajadores que sostienen los establecimientos y asegurar que la salud deje de ser la eterna postergada de las prioridades del Estado. La discusión presupuestaria debe abrirse de cara al país, con criterios sanitarios en el centro y con el foco puesto donde siempre debió estar: en las personas.