En el marco de la discusión sobre la crisis de las Isapres, el fallo de la Corte Suprema que les obliga a devolver dinero a las y los usuarios, y la propuesta de Ley Corta al respecto, la Comisión de Salud del Senado levantó una comisión técnica cuyo mandato fue “entregar elementos técnicos que permitan asesorar a la Comisión de Salud del Senado en las búsqueda de acuerdos políticos para la implementación del fallo de la Corte Suprema, asegurando la sostenibilidad del sistema de salud y, a la vez, avanzar en cambios que apunten a mejorar nuestro sistema de salud”.

El informe emanado de esta comisión desarrolló un nuevo sistema de cálculo de la deuda que las aseguradoras privadas deben devolver a los afiliados. Esta fórmula permite reducir a $451 millones de dólares los $1400 millones de dólares estimados inicialmente por la Superintendencia de Salud.

La justificación de este cálculo es “la esencia o inherente a toda institución aseguradora, la solidaridad o la mutualización, que opera a través de subsidios cruzados entre los distintos beneficiarios”. En síntesis, los afiliados de menor riesgo que pagan un monto menor de sus planes (porque los favorece la tabla de factores de riesgo) contribuyen a aquellos de mayor riesgo y que pagan más (y que deberían recibir una devolución por cobros en exceso). Además de esto, se definió un plazo de 10 años para la devolución de los excedentes. Tiempo en el cual las Isapres no podrán retirar utilidades. Estas medidas se complementan con la incorporación de mecanismos de control de costos a las Isapres.

“La crisis actual del subsistema Isapre subraya la necesidad y urgencia de esta reforma que no es posible resolver mediante una ley corta. Es por esto que la Comisión acuerda recomendar, tanto al Congreso Nacional como al Ejecutivo, avanzar de manera urgente en un trabajo técnico y político que permita el diseño y aprobación de cambios sustantivos a nuestro sistema de salud, los cuales sean materializados con la mayor urgencia posible”, menciona el informe técnico dentro de sus 105 páginas, sincerando que las recomendaciones no se hacen cargo del problema de arrastre de sostenibilidad del sistema de salud y que es necesaria una reforma mayor para dar certidumbre a las personas aseguradas del país.

La consecuencia de esta conclusión fue que la Comisión de Salud del Senado acordó por una unanimidad la constitución inmediata de otro comité, que elabore en un plazo de dos meses una propuesta de reforma de salud que se asocie con la tramitación de la Ley Corta. El alcance y profundidad de la propuesta no ha sido clarificado.

El debate de los actores políticos respecto al informe se centró en el monto estimado de devolución de las Isapres a sus afiliados, que es considerablemente menor al estimado por la Superintendencia. Pero el foco en este punto es el incorrecto, si se considera que el monto estimado es una propuesta inicial que necesariamente se va modificar en el tiempo. Esto porque la deuda está estimada hasta el mes de mayo del 2023 y solamente considera el fallo por la tabla de factores de riesgo. La deuda se ha seguido incrementando desde la fecha que considera el informe, tomando en cuenta que aún no se ha implementado el fallo de la Corte Suprema y la reducción del precio. Mismo caso con la rebaja que debería realizarse a los menores de dos años.

Por otro lado, el informe no considera el fallo de la Corte Suprema en relación al precio GES, que también considera una devolución a los afiliados.

Los más optimistas podrían afirmar que depende del Congreso definir el monto a pesar de los elementos mencionados anteriormente. Pero en el contexto actual de judicialización del aseguramiento de salud, parece poco probable que las y los afiliados afectados no tomen medidas legales en caso de ver afectados sus montos de devolución. Sobre todo considerando que la vía judicial ha sido un recurso efectivo para los afiliados de las Isapres.

Por lo tanto lo representado en el informe está lejos de ser una propuesta definitiva en torno a los montos de devolución que considere todos los elementos presentes en un difícil debate.

Es por esto que parece más razonable poner el foco en otros elementos del informe: la incorporación del principio de solidaridad en el sistema de Isapres y la constatación de la necesidad de una reforma estructural al sistema de seguridad en salud. En palabras del ex ministro Emilio Santelices, coordinador del comité técnico: “Creemos que hay que avanzar en reglas de seguridad social, incrementado la solidaridad, equidad y eficiencia del sistema (…) avanzar en la mancomunación de los recursos y la seguridad social entre el subsistema público y privado de salud, en línea con incrementar la solidaridad del sistema avanzando, en la lógica de cobertura adicional”.

El espíritu de avanzar en un sistema solidario de seguridad social en salud es esencial para una reforma estructural. Pero no puede quedarse como una solución conveniente y antojadiza para dar viabilidad económica a las aseguradoras privadas que son víctimas de sus propios vicios. La crisis de legitimidad de las instituciones tiene su raíz en la falta de coherencia de los actores políticos a la hora de generar políticas que solucionen los problemas de las personas.

Los sectores de la derecha, mientras apoyan una solución mediante la solidaridad de los afiliados para disminuir los montos de devolución de las Isapres, apoyan de manera dogmática en la nueva propuesta constitucional la protección del sistema de aseguramiento privado, generando un antecedente que podría volver inconstitucional la solución propuesta en el informe. Esta permanente falta de coherencia le ha generado un daño profundo a la construcción de políticas públicas del país, y por sobre todo en el sector salud.

Al igual que los informes técnicos de las comisiones de salud convocados por la ex Presidenta Bachelet y el ex Presidente Piñera, la conclusión es una sola: es necesaria una reforma estructural al sistema de salud.

Esta reforma debe acordar como horizonte la construcción de un Sistema de Seguridad Social con componente solidario y universal que permita terminar con las inequidades en salud e incorpore lógicas sanitarias por sobre las económicas a los actores públicos y privados. Otro elemento a considerar es el necesario deber de abordar el fin en el lucro de las aseguradas privadas y la generación de mecanismos en la Superintendencia para vigilar el real cumplimiento. Su carencia es una distorsión del sistema de seguridad social que ha tenido efectos nocivos al sistema de salud.

Finalmente, es importante destacar que llama negativamente la atención la poca consideración que ha tenido el Congreso para incorporar en estos espacios de elaboración a las y los representantes de los trabajadores de la salud, que por años han entregado valiosos aportes a la discusión. Los espacios de construcción de propuestas deben ser representativos no solamente en la lógica de cuotas de los partidos políticos, sino en base a la adecuada presencia y aporte de los actores esenciales del sistema de salud como son las y los funcionarios.