La reciente modificación del criterio de la Contraloría General de la República sobre la “Confianza Legítima” es un golpe duro para las y los trabajadores a contrata en el sector público, y representa un preocupante retroceso en los avances hacia la desprecarización laboral. Este cambio de enfoque significa una merma en las garantías que protegían a los trabajadores contra la inestabilidad y los despidos arbitrarios, socavando su derecho a condiciones laborales dignas y estables en servicios públicos esenciales como la salud.
La Confianza Legítima es un principio jurídico que asegura a los trabajadores la expectativa razonable de que las decisiones del Estado no cambien de manera abrupta o injustificada, especialmente cuando afectan sus condiciones de vida y empleo. En este contexto, el año 2016 la Contraloría había establecido que los empleados a contrata, tras dos renovaciones anuales sucesivas, podían considerarse permanentes, limitando así el riesgo de despidos injustificados y protegiendo a quienes, aunque con contratos temporales, desarrollan labores vitales y permanentes para el funcionamiento del Estado.
Este cambio de criterio, sin embargo, elimina esa seguridad y aumenta la precarización laboral para miles de trabajadores públicos. El impacto es claro: los trabajadores a contrata quedan expuestos a mayor inestabilidad, y la administración pública pierde la posibilidad de consolidar un equipo humano comprometido y preparado. En áreas como la salud, donde la demanda de servicios aumenta constantemente, es fundamental contar con personal estable y protegido, lo que se traduce en un servicio de mejor calidad para la ciudadanía.
El retroceso en la aplicación de la Confianza Legítima evidencia la urgencia de avanzar hacia un sistema de carrera funcionaria real, que establezca reglas claras de contratación, estabilidad y ascenso para todos los servidores públicos. Es imprescindible que aquellos trabajadores que cumplen funciones permanentes y necesarias no sean considerados como personal temporal, sino como parte estable y esencial del aparato estatal.
Desde Fenpruss hacemos un llamado a las autoridades políticas del gobierno y parlamento para que impulsen soluciones legales que protejan de manera justa a todos los trabajadores públicos, sin distinción entre funcionarios de planta y contratados. La cooperación y compromiso transversal de todos los sectores es esencial para construir un sistema de empleo público que responda efectivamente a la demanda real de servicios del Estado, promoviendo el bienestar de los ciudadanos y garantizando condiciones laborales dignas.
La estabilidad y la dignidad en el empleo público no son un lujo, sino una necesidad. Esto lo sabemos muy bien en la salud, donde hoy vivimos una crisis hospitalaria de grandes proporciones, que se suma a las listas de espera y los problemas históricos de falta de disponibilidad presupuestaria. Ante esta realidad, contar con más personal y en mejores condiciones es algo imperativo, y de este imperativo nos alejamos aún más luego del dictamen de Contraloría.
Urge establecer normas que no solo protejan a quienes laboran en el sector público, sino que fortalezcan el compromiso con los principios del trabajo decente y el respeto al Estado de Derecho. El gobierno y los parlamentarios tienen la posibilidad de avanzar en iniciativas que mejoren el empleo en el Estado para así tener servicios públicos de calidad, como es la expectativa manifiesta de todas y todos los chilenos.
