Este 2025, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que coincide con los 30 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, se abre un espacio crucial para evaluar los avances y retrocesos en materia de igualdad de género.
A pesar de los compromisos internacionales, la realidad actual muestra un preocupante debilitamiento de los derechos de las mujeres, impulsado por el auge de políticas conservadoras y el uso de la agenda de género como herramienta de polarización política.
El panorama global deja en evidencia que la igualdad de género nunca ha sido un derecho asegurado, sino una lucha constante. En muchos países, los derechos de las mujeres han sido recortados en nombre de ideologías populistas que buscan restringir libertades y eliminar marcos de protección. Ejemplo de ello es Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump, en su segundo mandato, revocó protecciones federales para personas transgénero, restringió el acceso a servicios de salud reproductiva y recortó presupuestos, dejando a millones de mujeres sin acceso a anticoncepción y programas de prevención de violencia de género.
Este tipo de decisiones políticas trascienden fronteras, provocando un efecto en cadena que debilita las políticas de género en distintas regiones. En muchos países, los derechos de las mujeres y disidencias sexuales se han convertido en un factor de negociación estratégica, condicionado por intereses políticos y prioridades de gobierno.
Chile no ha estado exento de esta tendencia. Aunque se han logrado avances con normativas como la Ley de Equidad Salarial, Ley de Pago de Pensiones de Alimentos, Ley de Conciliación y Ley Karin, su implementación enfrenta serios desafíos debido a la falta de recursos y resistencias políticas. La reducción de presupuestos ha afectado directamente a programas de prevención de violencia de género, dejando a muchas mujeres sin acceso a refugios, apoyo psicológico ni asesoría legal.
El impacto de esta desinversión en políticas de género es evidente. La Ley de Pago de Pensiones de Alimentos, diseñada para garantizar el cumplimiento de obligaciones económicas en beneficio de madres y sus hijos, se enfrenta a un sistema judicial colapsado y sin capacidad operativa suficiente, lo que retrasa los procesos y perpetúa la impunidad de los deudores. La Ley Karin, diseñada para proteger a las trabajadoras y trabajadores frente al acoso laboral, sexual y la violencia en el trabajo, enfrenta serias deficiencias en su implementación, con mecanismos de prevención, denuncia y fiscalización sin un presupuesto suficiente que garantice su aplicación efectiva, oportuna y con enfoque de género.
Esta precariedad se replica en otros ámbitos del sistema, donde el abordaje a las víctimas de violencia de pareja o expareja carece de recursos, lo que limita la capacidad de respuesta institucional. Esto deja a muchas víctimas en un estado de indefensión y perpetúa la ineficacia de estas normativas.
Estos retrocesos tienen efectos tangibles en la vida de las mujeres:
- Aumento de la violencia de género por la falta de refugios y recursos de protección.
- Mayor precarización laboral, ya que la inequidad salarial y la falta de protección contra el acoso laboral siguen sin resolverse.
- Dificultad para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, perpetuando ciclos de pobreza y vulnerabilidad.
- Aumento de enfermedades laborales asociadas a salud mental.
- Dificultades para conciliación de vida personal, familiar y laboral
Por todo lo anterior, frente a una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es necesario ir más allá del acto simbólico: Esta fecha debe traducirse en compromisos concretos.
La ciudadanía tiene el deber de exigir mayor inversión en políticas de género, fortalecimiento de la educación en equidad y garantía de que los derechos conquistados no sean utilizados como moneda de cambio en disputas políticas. Defender los derechos de las mujeres no solo beneficia a ellas, sino al desarrollo de toda la sociedad.
