En estos días hemos escuchado declaraciones preocupantes por parte de algunos personeros políticos, la última de ellas emitida por el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseguró que, de lograr mayoría parlamentaria, presentarían un proyecto de ley para derogar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales.
En pleno siglo XXI nos preguntamos ¿Se puede derogar una ley que promueve una decisión voluntaria de la mujer de interrumpir el embarazo ante el riesgo su vida, porque el feto es inviable o porque éste es producto de una violación?
La ley que entrega el derecho decidir de las mujeres por las causales antes referidas, se logró mediante un proceso democrático de debate y movilización, con participación de distintas y distintos actores del mundo político, organizaciones ciudadanas, de trabajadoras y trabajadores, y coordinadoras feministas. Borrar este avance social histórico y acorde a los tiempos que vivimos, no solo es atentar contra los derechos de las mujeres y la salud pública, sino que también es desestimar el proceso democrático que le dio origen.
Como individuas podemos tener percepciones o ideas personales con lo que respecta al aborto, ya sea por motivos religiosos, éticos o morales; pero no podemos imponer esa idea a la ciudadanía. Quienes están en contra de la interrupción del embarazo pueden optar simplemente por no hacerlo, pero sin esta protección legal, una mujer que elige su vida por sobre la de un embrión arriesga pena de cárcel. Así mismo, obligarla a llevar a término un embarazo en que el feto no sobrevivirá es un acto más que traumatizante y victimizante para la madre, lo mismo que forzar a llevar adelante un embarazo producto del abuso sexual más agresivo que puede sufrir una mujer o niña, como es la violación.
Desde 1967 el aborto inseguro fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un serio problema de salud pública. Por ello, al ser prevenible la muerte de una mujer por aborto inseguro, el Estado debe tener políticas públicas para aminorar las tasas de mortalidad. En el caso de Chile, la Ley de tres causales aboga por proporcionar un aborto seguro sin riesgo.
Por todo lo anterior, las amenazas del Partido Republicano son un ataque a todas las mujeres y una burla para quienes tenemos que sufrir las consecuencias de embarazos no deseados o inviables. Por lo mismo, las mujeres profesionales de la salud nos ponemos en estado de alerta, y declaramos que no vacilaremos en defender este derecho que tanto nos costó conquistar.
