La etapa inicial de los gobiernos democráticos en Chile tras la dictadura cívico-militar, estuvo marcada por la necesidad de reformar el sistema de salud. En 1993, el Dr. Mariano Requena, ex subdirector del Servicio Nacional de Salud, compartía un análisis esclarecedor: «A fines de los años ‘70 se promulgó una legislación que dio vida a las ISAPREs, creando un andamiaje legal e institucional que fomentó su éxito mercantil y empresarial. Se les otorgó el poder de seleccionar afiliados según su menor riesgo de enfermedad y mayores ingresos (…) Este éxito económico es notorio y se ajusta a la lógica neoliberal en salud. Se trata de privatizar una actividad económica con un considerable flujo financiero que tiende a aumentar (…) convirtiendo los servicios de salud en una empresa rentable«.
Este análisis evidencia cómo, desde el inicio de los gobiernos democráticos, se perfilaba un panorama sombrío para el sistema de salud en Chile. La realidad actual nos muestra a las Isapres acumulando ganancias de $1.3 billones de pesos entre 1990 y 2021, de la mano con una histórica ineficiencia en la gestión, que ha representado un 12% de gastos en comparación al 1% de Fonasa. Esta ineficiencia se refleja también en los datos proporcionados por la Superintendencia de Salud, que alerta sobre un aumento del 80% en la deuda de las aseguradoras privadas en el 2022, alcanzando los $567 mil millones de pesos en noviembre del mismo año.
Lo que parece ser el relato de una empresa en crisis financiera debido a decisiones erróneas, en realidad conlleva la inestabilidad de todo un sistema de salud y, por consiguiente, del bienestar de la población. A modo de ejemplo, algunas clínicas han terminado sus acuerdos con ciertas Isapres, dejando sus afiliados sin la posibilidad de adquirir bonos y limitando su acceso a la atención a su capacidad de pago y reembolso.
Para extraer lecciones de las aseguradoras privadas, en una historia que ha sido poco solidaria con el progreso del país, es imperativo enfocar adecuadamente el problema.
El fin de las Isapres no se origina exclusivamente en el fallo reciente de la Corte Suprema, que invalida los incrementos injustificados en las primas GES y demanda la devolución de cobros excesivos. Tampoco se explica por los fallos previos que llevaron al debate político la problemática de las Isapres y la carga injusta que representan para miles de afiliados debido a aumentos arbitrarios en los precios de los planes. Estos acontecimientos son solamente expresiones de un proceso gradual de decadencia de un sistema de aseguramiento privado, insostenible en el tiempo, cuyo enfoque ha priorizado lo lucrativo por encima del bienestar de sus afiliados.
La primera causa de la quiebra de las Isapres es la incapacidad del sistema político para llevar a cabo una reforma al sistema de aseguramiento en salud. En los últimos años, a pesar de múltiples proyectos y comisiones presidenciales, el Congreso no ha logrado implementar reformas que resuelvan los problemas de la salud.
Durante la dictadura, se estableció una estructura institucional para la salud privada similar a la de las AFP, lo que dificulta enormemente cualquier reforma en el sector de las Isapres y limita la capacidad de regulación. Esto se evidencia en el hecho de que solo los tribunales de Justicia han podido detener los aumentos injustificados en los planes, sin intervención de las instituciones gubernamentales hasta el momento.
En segundo lugar, un sistema de salud que carece de la solidaridad en la distribución del riesgo entre la población no puede mantenerse en el tiempo. Para tener un sistema de seguridad social en línea con la mayoría de los países de la OCDE, es esencial separar la capacidad de ingreso de las personas de su acceso a prestaciones de salud. Mantener la salud dividida entre ricos y pobres es un problema que no puede persistir, a pesar de los desafíos que conlleva encontrar una solución.
Los pilares fundamentales para un nuevo sistema de salud deben basarse, en primer lugar, en reconocer que el modelo de las Isapres ha llegado a su fin, demostrando ser un sistema de salud mixto fracasado. Es necesario abrir un debate acerca de la transición hacia una nueva institucionalidad que establezca reglas y supervise a los actores privados del sistema de salud, además de modernizar el sector público para enfrentar futuros desafíos sanitarios.
En relación con los prestadores, es imperativo establecer una nueva estructura de regulación y operación tanto para los actores públicos como los privados. En este sentido, la participación de los trabajadores y las trabajadoras de la salud es crucial para diagnosticar con precisión las necesidades actuales de los proveedores de servicios médicos, con el objetivo de mejorar la cobertura para la población.
Como Fenpruss asumimos el llamado a la acción. En primer lugar, para destacar ante la sociedad la importancia de un sistema de salud universal y solidario que garantice el derecho efectivo a la atención médica. En segundo lugar, para contribuir al largo proceso de construcción de un nuevo sistema de aseguramiento.
Aunque las Isapres hayan llegado a su fin, no podemos permitir que se lleven consigo todo el sistema de salud. Este es un momento crucial para modelar un sistema que refleje los valores de equidad, calidad y acceso para todas y todos los chilenos.
